Noticias Destacadas | Ayuntamiento de Valencia - València

• Entidades vecinales y grupos políticos debaten en el Hemiciclo sobre los criterios aplicados para aceptar o rechazar los proyectos presentados por la ciudadanía
• El equipo de gobierno rechaza la moción presentada por la oposición para “garantizar el derecho efectivo a la interrupción voluntaria del embarazo y contra la injerencia en la libertad de las mujeres”, porque “no aporta nada nuevo”
• El Ayuntamiento ratifica continuar con las inspecciones en apartamentos turísticos y realizar un seguimiento del cumplimiento de las órdenes de cese

La participación ciudadana en los procesos participativos, el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo, la inmigración y la moratoria sobre los apartamentos turísticos han centrado buena parte de la fase del Pleno dedicada a los procedimientos de control e iniciativas de los grupos políticos.

El Grupo Socialista ha iniciado su turno con la defensa de una moción en favor del mantenimiento del nombre de Ernest Lluch en todo el conjunto del complejo sanitario de Campanar, dependiente de la Generalitat, para reivindicar la figura del economista y ministro socialista asesinado por ETA el 21 de noviembre de 2000 como “un símbolo de diálogo, convivencia y dignidad democrática”.

El concejal y portavoz del grupo, Borja Sanjuán, ha recordado que el complejo sanitario recibió el nombre de Ernest Lluch durante el gobierno de la Generalitat presidido por Ximo Puig, como reconocimiento a su papel en la “universalización de la sanidad pública española”. La moción ha lamentado “la decisión del actual Consell presidido por Carlos Mazón de retirar parcialmente la denominación” y ha pedido su restitución completa.

El texto propuesto por el Grupo Socialista insta al Consell a recuperar el nombre ‘Complex Sanitari de Campanar–Ernest Lluch’ para todo el conjunto hospitalario, a “rechazar la eliminación de reconocimientos públicos a figuras que contribuyeron al progreso democrático”, y a organizar “actos institucionales de conmemoración por el 25º aniversario” del asesinato del exministro. El concejal Pere Fuset ha mostrado el respaldo del Grupo Compromís a la moción defendida por el regidor socialista.

El Grupo Popular, a través del concejal y portavoz municipal, Juan Carlos Caballero, ha respondido con una moción alternativa, en la que “se reafirma el compromiso institucional del Ayuntamiento de València con la memoria, la dignidad y la justicia de todas las víctimas del terrorismo” y se respalda “la decisión del Consell de mantener el nombre de Ernest Lluch en el centro de especialidades, dentro del complejo sanitario de Campanar”. En el mismo texto, Caballero defiende el apoyo a la iniciativa de la Generalitat de “incorporar en el currículo educativo de Bachillerato contenidos sobre los crímenes de ETA y la historia del terrorismo en España”. Finalmente, el Pleno ha aprobado con los votos a favor del equipo de gobierno la moción alternativa presentada por el Grupo Popular.

Presupuestos participativos

En el turno de la participación ciudadana, un representante de la asociación vecinal Arrancapins – La Petxina, después de recordar a las víctimas de la dana del pasado octubre de 2024, ha criticado el proceso de los presupuestos participativos al considerar que “se han cambiado las reglas del juego en mitad del partido y se han adoptado criterios desiguales”. En la misma línea, un portavoz de la entidad vecinal de Sant Antoni-La SaÏdia, ha lamentado la exclusión por parte del Ayuntamiento de determinados proyectos propuestos por la ciudadanía del barrio, especialmente los que afectaban a zonas verdes, y ha calificado de “mejorable” el programa ‘VLC Participa’. A continuación ha intervenido una representante de la entidad vecinal de Abastos-Finca Roja, que ha calificado de “inocentada anticipada” y de “broma” el proceso de los presupuestos participativos, porque —a su entender— se han rechazado ideas positivas para el barrio y han salido adelante propuestas “absurdas” como colocar “un mástil gigante”.

En representación del Grupo Compromís, las concejalas Papi Robles y Luisa Notario han presentado una moción para “revisar de forma integral” el proceso de los presupuestos participativos ‘VLC Participa 2025’, tras detectar lo que consideran “irregularidades y falta de transparencia” en la tercera fase del proceso. Tal como ha defendido la concejala Luisa Notario, la revisión pretende reforzar “la confianza ciudadana” y ha lamentado que un gobierno municipal “rancio haya cambiado las reglas a mitad del partido, introduciendo restricciones ideológicas y aplicando una censura previa contraria a los principios de transparencia e igualdad”. El Grupo Compromís ha subrayado que los presupuestos participativos deben ser una herramienta real de “transformación colectiva” y no “una gran pantomima y una tomadura de pelo”.

Notario ha insistido en la conveniencia de publicar los informes técnicos en el Portal de Transparencia, revisar las propuestas rechazadas por motivos discrecionales y establecer un mecanismo independiente de seguimiento para garantizar la trazabilidad y la rendición de cuentas. La concejala Elisa Valía, en nombre del Grupo Socialista, ha denunciado la “censura a la hora de declarar viables algunas propuestas”. Valía ha detallado algunos casos y ha reprochado al equipo de gobierno que algunos de los proyectos que siguen adelante “no son inversiones y van en contra de las bases”.

En todo caso, el Grupo Popular ha presentado una moción alternativa, defendida por la concejala Julia Climent, en la que después de anunciar la puesta a disposición de la ciudadanía de los servicios municipales para cualquier aclaración, ha propuesto “continuar con el proceso de presupuestos participativos ‘VLC Participa 2025/2026’, completando la actual fase de votación ciudadana de las propuestas que han superado el análisis de viabilidad técnica, jurídica y presupuestaria efectuado por los diferentes servicios municipales”. Climent ha resaltado las altas cifras de participación y ha defendido los criterios aplicados por el personal técnico municipal, que ha realizado “un gran esfuerzo” en la tramitación del proceso.

Tras el turno de votaciones, ha salido adelante el texto alternativo presentado por el Grupo Popular con el respaldo del equipo de gobierno y el rechazo de la oposición. 

Interrupción voluntaria del embarazo

Otra de las mociones debatidas, también presentada por Compromís, ha reclamado garantizar el derecho efectivo a la interrupción voluntaria del embarazo (IVE) y proteger la libertad de las mujeres y personas gestantes frente a las injerencias externas. La concejala Lucía Beamud ha alertado de “la desigualdad en el acceso a la interrupción voluntaria” entre los diferentes departamentos de salud de València, donde “la mayoría de intervenciones se derivan a centros privados” a pesar de la existencia de recursos públicos suficientes. La concejala de Compromís ha acusado de “hipócritas” y de guiarse por una “moral talibana” a los Grupos Popular y Vox, que conforman el equipo de gobierno. Beamud ha alertado sobre “la regresión en derechos sexuales y reproductivos” y ha instado a las administraciones a cumplir la legislación vigente.

José Gosálbez, por el Grupo Vox, ha alertado del “invierno demográfico” que, según él, asola España por culpa de la “apología del aborto” y la “cultura de la muerte”. Gosálbez ha defendido que la maternidad debe ser promovida por las instituciones públicas, “a través de oficinas de defensa de la maternidad para que la familia crezca”.

Entre los puntos de la moción registrada por Compromís se incluyen: instar al Gobierno de España a reforzar el acceso público y universal a la interrupción voluntaria del embarazo, rechazar la financiación de programas contrarios a los derechos reproductivos, garantizar la aplicación de la Ley Orgánica 4/2022 contra el acoso a mujeres en clínicas, e impulsar campañas de educación sexual y la recuperación del servicio municipal InfoSex.

En esta línea, el Grupo Socialista ha presentado una enmienda de adición a la propuesta del Grupo Compromís, por la que “el Ayuntamiento reafirma su compromiso con los derechos, la autonomía y la libertad de todas las mujeres para decidir sobre sus cuerpos y sus vidas, reivindicando su derecho a ser madres, a no serlo, o a decidir cuándo y en qué condiciones hacerlo”. El texto ha sido defendido en el hemiciclo por la concejala Nuria Llopis, que ha lamentado la “poca vergüenza” del concejal Gosálbez en su intervención.

La concejala de Igualdad, Rocío Gil, en representación del Grupo Popular, ha acusado “a la izquierda valenciana de dividir a las mujeres y ha rechazado los textos propuestos por los Grupos Compromís y Socialista, “que poco más tienen que aportar; no aportan nada y tapan mucho”. Gil ha defendido el derecho al aborto, a través de la actual regulación de la interrupción voluntaria del embarazo y ha señalado que “el problema real es el de la infertilidad, que está invisibilizado, es querer ser madre y no poder”.

La moción presentada por el Grupo Compromís y complementada por el Grupo Socialista ha sido rechazada por los votos mayoritarios del equipo de gobierno.

Apartamentos turísticos

El Pleno también ha debatido este martes una moción del Grupo Compromís, defendida por el concejal Ferran Puchades, centrada en el control de los apartamentos turísticos en la ciudad de València, ante los “datos contumaces” que suponen los “1.245 nuevos apartamentos turísticos registrados” en los últimos meses y su impacto en los precios del alquiler, la convivencia vecinal y la sostenibilidad urbana. Puchades ha advertido que la moratoria aprobada en 2024 “no ha logrado frenar el crecimiento” del fenómeno y ha pedido “una actuación más firme por parte del Ayuntamiento y la Generalitat”. La moción plantea un conjunto de medidas de seguimiento y control para garantizar el derecho a la vivienda y la calidad de vida en los barrios.

La moción del grupo de la oposición propone, entre otros conceptos, suspender preventivamente nuevas altas en el registro autonómico mientras se verifica su compatibilidad urbanística, crear una unidad especial de inspección de alojamientos turísticos, y coordinar con la Generalitat y la Delegación del Gobierno la retirada de anuncios ilegales y el control de la actividad económica no declarada.

El Grupo Socialista, a través del concejal Javier Mateo, ha presentado una enmienda de adición al texto defendido por el Grupo Compromís, por el que se propone “que la revisión de las normas urbanísticas del PGOU establezca la prohibición de apertura de nuevas viviendas de uso turístico y garantizar que las licencias caduquen a los cinco años, recuperando así la vivienda para quien la necesite”. Mateo ha criticado “la opacidad” del Ayuntamiento y la “proliferación descontrolada” de los apartamentos turísticos. Los concejales Pere Fuset y Javier Mateo han coincidido en afirmar, en el hemiciclo, que “sólo se han cerrado 34 pisos turísticos”.

A continuación, el concejal Juan Giner, en representación del Grupo Popular, ha defendido una moción alternativa por la que se propone “continuar con las inspecciones en apartamentos turísticos; comunicar las órdenes de cese al Servicio de Procedimiento Sancionador, para que incoe las resoluciones sancionadoras que proceda; así como realizar un seguimiento en el cumplimiento de dicha orden de suspensión del uso sin licencia, incluido el precintado de los accesos al inmueble”. Giner ha destacado que el actual gobierno de María José Catalá “ha incrementado en un 556% las inspecciones a pisos turísticos y se han dictado más de mil resoluciones de órdenes de cese”. El concejal de Urbanismo ha añadido que desde los servicios municipales se han dado acceso a 1.200 expedientes a los grupos municipales.

La propuesta alternativa del Grupo Popular ha salido adelante gracias a los votos a favor del equipo de gobierno y los votos en contra de la oposición.

Derechos humanos

El Grupo Socialista ha defendido posteriormente una moción en defensa de la igualdad y los derechos humanos, frente a lo que considera “retrocesos en materia de diversidad, cooperación y convivencia” impulsados por el actual gobierno autonómico. El concejal Borja Sanjuán ha alertado sobre las consecuencias de la eliminación de órganos dedicados a los derechos humanos y la diversidad en Les Corts Valencianes, así como de los recortes en cooperación, programas educativos y políticas LGTBI en el ámbito local.

La moción apela por reafirmar el compromiso del Ayuntamiento de València con la igualdad, la inclusión y la no discriminación, y propone rechazar las medidas con carácter racista o xenófobo, garantizar la neutralidad y la igualdad en la elaboración de estadísticas y políticas públicas, restablecer el diálogo con entidades sociales y reforzar los programas de inclusión y diversidad. La propuesta, defendida por el concejal Borja Monzó, propone “declarar València ciudad abierta, diversa y libre de odio”.

En su intervención, el concejal José Gosálbez ha rechazado la moción del Grupo Socialista, ha criticado “el proyecto de nación” y el “infierno fiscal” del gobierno estatal y ha acusado al concejal Borja Sanjuán de tener la “cara de cemento armado”. El portavoz del Grupo Vox ha celebrado que, en Les Corts Valencianes, “se ha acabado el lenguaje igualitario y ha vuelto el español de toda la vida”.

La portavoz del Grupo Compromís, Papi Robles, ha respondido que la inmigración aporta al PIB español y que no provoca el aumento de la delincuencia. “Estamos generando un problema que no es real y ustedes están orgullosos de generar odio”, ha resaltado Robles.

En representación del Grupo Popular ha intervenido la concejala de Servicios Sociales, Marta Torrado, que ha resaltado que el Ayuntamiento de València celebra este año “el 30 aniversario de la cooperación internacional municipal; un ejemplo a nivel nacional en valores como la justicia social, la fraternidad, la cooperación, la responsabilidad y el bien común”. Torrado ha negado que se hayan eliminado consejos municipales y ha destacado que “hace más de 20 años que el Ayuntamiento de València es una entidad pionera en políticas de integración de la inmigración y las políticas interculturales”. 

La moción defendida por el Grupo Socialista y respaldada por el Grupo Compromís ha sido rechazada por el voto mayoritario del equipo de gobierno, conformado por el Grupo Popular y el Grupo Vox.

Corredor verde

Por último, el Pleno ha debatido la moción del Grupo Socialista sobre el impulso al llamado corredor verde, “un proyecto estratégico que transformará la antigua playa de vías ferroviarias en un gran parque lineal de más de cuatro kilómetros que conectará los barrios del sur con el centro de la ciudad”. El concejal Javier Mateo ha destacado que esta actuación representa una “oportunidad histórica” para dignificar la entrada sur de València, dotar de espacios verdes a los barrios de Malilla, Sant Marcel·lí, Camí Real o Tres Forques y crear un eje verde comparable al Jardí del Túria.

El texto insta al Ayuntamiento a iniciar el cambio de planeamiento urbanístico necesario para la ejecución del tramo comprendido entre la ronda sur y el tanatorio municipal, así como a paralizar cualquier ampliación del Cementerio General no compatible con el proyecto y a rediseñar la ampliación con criterios de calidad arquitectónica y sostenibilidad.

Previamente, un representante de la asociación vecinal de Sant Marcel·lí ha mostrado el respaldo de la entidad a la moción, ya que supone “una reivindicación histórica desde el año 2009”. “Son más de 16 años que sufrimos la existencia de unos solares que separan los barrios de Sant Marcel·lí y Camí Real, que albergan asentamientos de infraviviendas y que podrían ser una zona verde”, ha afirmado el representante vecinal ante los cuatro grupos políticos municipales que conforman el Pleno del Ayuntamiento de València.

El concejal Sergi Campillo, en representación del Grupo Compromís, ha respaldado la propuesta pero ha lamentado que no saldrá adelante, porque “el equipo de gobierno es clasista e impone a los barrios del sur lo que no haría con otros barrios acomodados de la ciudad”. Campillo ha alertado del impacto del cambio climático y ha señalado que el desarrollo del proyecto del Parc Central supone “el fracaso personal de la señora Catalá”.

En representación del Grupo Popular, el concejal delegado de Mejora Climática, Carlos Mundina, ha definido la moción presentada como “poco trabajada, incongruente” y que provocaría la “paralización de muchas infraestructuras, como el Cementerio General o las subestaciones eléctricas”.

La moción presentada por el Grupo Socialista y respaldada por el Grupo Compromís ha sido rechazada por el voto mayoritario del equipo de gobierno.