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• Tras el cambio de criterio del Ministerio, la Junta de Gobierno Local propone un Plan Económico y Financiero que no exige medidas adicionales al cumplir el Presupuesto de 2025 con la regla de gasto

La Junta de Gobierno Local ha propuesto la adopción de un Plan Económico y Financiero que, al objeto de cumplir la regla de gasto en 2025 y 2026 y ante los datos favorables del Ayuntamiento, consistirá únicamente en vigilar las modificaciones del presupuesto que incrementen el gasto y hacer seguimiento de la ejecución. Y ello, según establece el plan elaborado por los técnicos municipales, puesto que analizadas las causas que han provocado la necesidad de elaborar un Plan, no se considera necesaria la inclusión de medidas específicas correctoras del gasto al concluirse que un seguimiento de la ejecución presupuestaria a lo largo del ejercicio 2025 puede garantizarse el cumplimiento de las reglas fiscales en la liquidación del mismo.

Según ha explicado la concejala de Hacienda y Presupuestos, María José Ferrer San Segundo, “el Ministerio de Hacienda publicó el 10 de mayo de 2024 en su respuesta a ‘preguntas frecuentes sobre los efectos de la reactivación de las reglas fiscales en 2024 con relación a las entidades locales’ que ‘siempre que la entidad local cierre en una posición de equilibrio o superávit en términos de contabilidad nacional no sería necesaria la aprobación de un plan económico-financiero’”.

A este respecto, ha proseguido, “este nuevo equipo de gobierno, además de haber reducido la deuda desde los 232 millones heredados hasta los 142,9 millones al cierre del 2024, ha logrado cerrar el ejercicio con un superávit en términos de contabilidad nacional de 102,3 millones de euros, cumpliendo con el principio de estabilidad presupuestaria”.

Atendiendo a dichas magnitudes, “de haber seguido el Ministerio el criterio que indicó en marzo de 2024, aunque en dicho ejercicio el gasto computable haya superado en 52,4 millones el límite establecido, no resultaría necesaria la aprobación de un plan económico-financiero”, ha señalado Ferrer San Segundo.

Sin embargo, tras desdecirse el Ministerio de lo que había manifestado por escrito, con la publicación en marzo de 2025 de una nueva respuesta distinta y contradictoria, en la que manifiesta que “las entidades locales liquidan el ejercicio 2024 con déficit o incumplen la regla de gasto, deberán aprobar un Plan económico-financiero en los términos establecidos en el artículo 21 de la LOEPSF”, y siguiendo el criterio de la Intervención General Municipal; la Junta de Gobierno Local ha propuesto elevar al Pleno la aprobación de un Plan Económico-Financiero que no precisa la adopción de medidas adicionales, más allá de vigilar las modificaciones del presupuesto que incrementen el gasto y hacer seguimiento de la ejecución.

Tal y como ha apuntado la también primera tenienta de Alcaldía, “se trata, en todo caso, y lo dice muy claro el Interventor General Municipal en su informe, de una ‘situación de carácter no estructural’. Es decir, una cuestión puramente coyuntural que no obedece a haber rebasado el límite del gasto (el gasto computable se ha incrementado 2,599%, por debajo de la tasa de referencia fijada en el 2,6%), sino a haber aplicado la mayor rebaja fiscal de la historia de este Ayuntamiento, dejando más dinero en el bolsillo de los vecinos y comerciantes de Valencia sin aplicar recortes”.

En este sentido, Ferrer San Segundo ha recordado que “mientras que PSOE y Compromís subieron los tributos municipales al 100% de los valencianos, el equipo de gobierno que lidera la alcaldesa María José Catalá aprobó en 2023 para el año 2024, en el primer año electoral y sin tacticismo de esperar al final del mandato, la mayor rebaja fiscal de la historia de este Ayuntamiento; beneficiando al 99% de los vecinos y comerciantes de una rebaja del 20% en el IBI, la ampliación de bonificaciones a familias numerosas, la práctica desaparición de la plusvalía entre familiares directos, y la rebaja del impuesto de vehículos y la tasa de alcantarillado”.

A su juicio, “nuestra política es diametralmente opuesta a la de Sánchez, con quien se han producido 94 subidas de impuestos y cotizaciones. En apenas seis años, España ha incrementado su carga fiscal en 1,9 puntos del PIB, mientras que el conjunto de la Unión Europea ha recortado su presión fiscal en 0,9 puntos. Y, como colofón, en 2025 también el gobierno de Sánchez nos ha impuesto a todos los ayuntamientos de España el cobro de una tasa de basuras, obligando que los contribuyentes cubran el coste del servicio”.

Como ha explicado la edil, los menores ingresos en 52,44 millones de euros han sido resueltos ya en el presupuesto del 2025, pues tanto en el momento de su aprobación como en las modificaciones que ya hemos aprobado, los informes del Interventor indican expresamente que se cumple con la regla de gasto.

Además, según ha señalado, “entre los gastos del año 2024 están, como apunta el informe del Servicio Financiero, desembolsos no previstos como consecuencia de la dana por más de 23 millones de euros, que este gobierno municipal ha atendido con prontitud en tanto se dilataba la llegada del dinero por parte del Gobierno de España; así como tener que hacernos cargo en 2024 del pago de 5,5 millones por atrasos de personal devengados en los ejercicios 2022 y 2023, que el anterior gobierno dejó sin atender”.

La titular municipal de Hacienda y Presupuestos ha concluido señalando que “el Gobierno de España es muy exigente con los municipios cuya financiación no mejora, pero incumple sistemáticamente obligaciones muy graves como la del artículo 134 de la Constitución de presentar presupuestos. Sin embargo, el gobierno municipal que preside la alcaldesa María José Catalá ha presentado y aprobado el presupuesto en cada uno de los años que gobierna esta ciudad, permitiendo con ello mejorar la ciudad”.