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• Además, el Pleno aprueba solicitar al personal técnico municipal un estudio de viabilidad para establecer bonificaciones en la tasa de residuos

• También, en la sesión plenaria de este lunes se ha debatido sobre la situación de la vivienda en la ciudad

El Pleno del Ayuntamiento ha rechazado este lunes, 1 de diciembre la moción suscrita conjuntamente por el grupo Socialista y Compromís sobre la Zona de Bajas Emisiones de València (ZBE). El concejal delegado de Movilidad, Jesús Carbonell, en el debate ha recordado que ya no hay tiempo de articular una nueva ordenanza de zona de bajas emisiones y ha asegurado que si Valencia no tiene ordenanza es porque ni la oposición ni VOX la aprobaron.

De manera previa al debate, la representante de la Asociación Cuidem La Raïosa, María Soledad Ramírez, ha tomado la palabra para pedir para València “una zona de bajas emisiones de máximos para cuidar la calidad del aire y para evitar los efectos negativos sobre la salud de la ciudadanía”. Para Ramírez, “no se trata de ir contra el coche sino a favor de la salud pública”. La representante vecinal ha solicitado, además, más espacios verdes para La Raïosa y un bulevar García Lorca “que no sea una autopista, que sea un corredor verde, para andar, para ir en bicicleta y que incorpore la naturaleza al medio ambiente urbano”.

También ha intervenido en el Pleno, Jose Manuel Felisi, de Mesura-València per l’aire, quien ha anunciado que denunciarán el Ayuntamiento de València ante las instancias europeas para que Europa inicie un procedimiento infractor contra la ciudad en caso de que no se tomen medidas correctoras para mejorar la calidad del aire. Felisi ha puesto el caso otras ciudades españolas y europeas que han aprobado la zona de bajas emisiones y se ha preguntado “qué modelo de ciudad queremos”. Felisi ha asegurado que “todos tenemos que hacer esfuerzos para reducir el tráfico”.

Finalmente, María José Broseta, presidenta de la Federación de Asociaciones de Vecinos de València, ha asegurado que “hace falta un acuerdo entre gobierno y oposición para aprobar una zona de bajas emisiones porque está en juego la salud de las personas” y ha afirmado que “la ciudadanía espera diálogo y acuerdos” y ha solicitado, “especialmente al partido que sostiene la alcaldía, flexibilidad para acercarse al bien común”. Broseta ha afirmado que “las asociaciones de vecinos y vecinas quieren ser escuchadas” en esta y en otras cuestiones.

Durante la sesión, Carbonell, tras agradecer a los y las representantes de los vecinos y vecinas sus aportaciones, ha calificado la moción presentada por la oposición de “buscar el lío político” y de ser “un brindis al sol”, ya que carece de un texto de ordenanza y de ninguna muestra de querer negociar porque se ha circunscrito a otras cuestiones que nada tienen que ver con la ZBE”.

Asimismo, el concejal de Movilidad ha señalado que “la moción de hoy tiene el mismo contenido que las enmiendas presentadas a la propuesta original, excepto por dos pequeñas salvedades” y, en contraposición, ha destacado “la generosidad y flexibilidad” del equipo de gobierno que “no tendremos mayoría, pero sí responsabilidad” y, ha recordado que “hemos llegado a cambiar el texto hasta tres veces, presentando tres propuestas, pero el acuerdo ha sido imposible porque la oposición ha añadido progresivamente nuevas peticiones como ampliar la superficie a la V-30, luego a toda la ciudad, etc.”.

Jesús Carbonell ha concluido su intervención reprochando a los grupos municipales de la oposición “porque ya no llegamos a cumplir plazos, pero es que cuando solicitaron las ayudas europeas para la ZBE ya se comprometieron ustedes a unos plazos que incumplieron” y les ha preguntado “si tanto creen en la protección medioambiental, ¿por qué no aprobaron la ordenanza cuando pudieron?”.

Para la portavoz del grupo Socialista, María Pérez, tras ofrecer diversos datos sobre el problema de la contaminación que sufre València en la que “el 40 % de sus barrios ya superan los niveles normales”, ha destacado “la negativa del equipo de gobierno a negociar”, así como “su inacción, ya que han preferido ignorar un problema colectivo y no ofrecer soluciones, lo que pone en riesgo 150 millones de euros en ayudas de Europa. No conviertan en ideología lo que es ciencia”, ha afirmado.

Según ha explicado Pérez “el texto que presentamos introduce novedades” y ha concretado su propuesta en “retrasar el calendario de implantación; dotar de estacionamientos para residentes como indican informes de la Universitat Politècnica de València; poner exenciones para las personas con movilidad reducida; y descongestionar las vías más contaminantes”.

Por su parte, la portavoz del grupo municipal Compromís, Papi Robles, quien también ha agradecido las intervenciones vecinales, ha interpelado a la alcaldesa “para que bajara a debatir un asunto tan importante para la salud de la población y para el Ayuntamiento que puede perder 150 millones de euros de un plumazo”.

Robles ha afirmado que València ha transitado de ser la Capital Verde “a la más gris de Europa y este gobierno se pone de perfil y culpa a todos antes de asumir sus responsabilidades”. Además, la portavoz ha subrayado que los 16 concejales de la oposición “han traído a este Pleno una propuesta que reduce la contaminación, mejora la salud de la población y el transporte público y que apuesta por aparcamientos para residentes en todos los barrios. Ahora pueden pactar con los negacionistas de Vox y votar en contra o abstenerse, pero a partir de hoy no podrán culpar a la oposición de su desgobierno y de la incompetencia del PP en las políticas verdes”.

Por su parte, el portavoz de Vox, José Golsálbez, ha manifestado la postura de su grupo municipal “a favor de la libertad, de las familias, del trabajador y del autónomo y en contra de las sanciones y restricciones porque esto no va de ecología va de control, es una imposición ideológica de Pedro Sánchez no de Europa porque Bruselas solo pide calidad de aire y no una ZBE”.

En esta línea argumentativa, Gosálbez ha criticado duramente los viajes en el “Falcon” del presidente de Gobierno de España por lo contaminantes que son y ha preguntado “¿quién va a pagar el coche nuevo a las familias o la furgoneta al autónomo?”.

“Estamos a favor de la voluntad, el sentido común y la valentía y en contra de poner multas al trabajador, porque las familias serán las más perjudicadas, en contra del postureo climático o del elitismo ecológico y sabemos que el aire limpio importa, pero también la nevera llena, llegar a fin de mes y la libertad, la libertad para decidir cuándo uno quiere cambiar su coche o su furgoneta” ha indicado el concejal, quien ha concluido indicando que “la senda a seguir es la que ya ha aplicado Francia al eliminar su ZBE”.

Tasa de residuos y bonificaciones

El Plenario ha aprobado también, con el voto a favor del equipo de gobierno y el voto en contra de la oposición, solicitar al personal técnico municipal el estudio de la viabilidad jurídica, técnica y económica de introducir bonificaciones en la tasa de residuos que entrará en vigor en 2026.

Igualmente, el Pleno ha aprobado instar al Gobierno de España a impulsar una modificación de la Ley 7/2022, de 8 de abril, de Residuos y Suelos Contaminados para una Economía Circular, porque “restringe muy cualitativamente y cuantitativamente el establecimiento de beneficios fiscales”.

El Plenario ha tomado esta decisión a raíz de la moción inicial presentada por el Grupo Municipal de Compromís, que solicitaba que la tasa bonificara a las familias y las actividades económicas que separen correctamente los residuos orgánicos y que se destine el 1% del presupuesto de los contratos de limpieza y recogida de residuos a campañas de educación ambiental.

El concejal de Limpieza y Recogida de Residuos, Carlos Mundina, ha afirmado que la planificación de la tasa prevista por el gobierno municipal “prevé bonificaciones para familias numerosas, familias en situaciones de vulnerabilidad, personas que usan ecoparques y usuarios del sistema puerta a puerta de recogida de residuos”. Mundina ha añadido, además, que ya se han destinado 270.000 euros en campañas de formación ambiental y otros 400.000 euros en campañas de publicidad sobre reciclaje de residuos.

Por su parte, el concejal del Grupo Municipal de Compromís Sergi Campillo ha calificado como “estafa” la tasa de residuos que implantará el Ayuntamiento de València porque “no ha implementado ninguna bonificación de las previstas en la ley” y ha asegurado que “toda política que no incentiva para separar residuos, está abocada al fracaso”. Campillo ha anunciado “un avalancha de reclamaciones contra la aplicación de la tasa porque no se está aplicando la máxima que dice que quién contamina, paga”.

El concejal del Grupo Municipal Socialista Javier Mateo ha afirmado que el gobierno municipal “ha diseñado esta tasa de basura, que es la más alta de España, para tapar los beneficios fiscales del IBI que han aplicado a las familias más ricas de València y cuadrar los presupuestos municipales” y ha añadido que la tasa de València “triplica la tasa de Madrid y duplica la de Barcelona y, por lo tanto, no se han equivocado, han tomado una decisión política”.

Por parte de las entidades ciudadanas ha intervenido Soledad Ramírez, de Cuidem la Raïosa, quien ha manifestado que “falta atención del gobierno municipal a la situación de la limpieza y la recogida de residuos en el barrio”. Ramírez ha denunciado que, en La Raïosa, hay restos de botellón y que los alrededores de los contenedores “están llenos de enseres de gran tamaño, electrodomésticos y colchones” y ha pedido “campañas de educación ambiental para sensibilizar sobre limpieza y reciclaje”.

Debate sobre el acceso a la vivienda

Durante la sesión plenaria, la corporación ha debatido también sobre la situación de la vivienda en la ciudad, al hilo de la propuesta del Grupo Municipal Compromís de declarar València como zona de mercado residencial tensionado. La portavoz de este grupo, Papi Robles, ha propuesto al Pleno instar a la Generalitat a oficializar esta declaración “de acuerdo con la Ley estatal por el Derecho a la Vivienda (Ley 12/2023), para poder aplicar mecanismos de contención de precios y reforzar las políticas públicas de vivienda”.

El debate ha estado precedido por las intervenciones de las entidades ciudadanas Asociación Intercultural Candombe, Asociación Mujeres, Voces y Resistencias, Consell de la Joventut de València y Associacio de Veïnes i Veïns la Torre. Todos ellos se han manifestado en favor de la declaración de València como zona de mercado residencial tensionado. Eugenia Paula Torres, de la Asociación Intercultural Candombe, ha subrayado que disponer de una vivienda en condiciones “es algo fundamental para la integración, la convivencia y la igualdad de oportunidades. Sin vivienda no hay estabilidad, ni arraigo ni proyecto de futuro”. Y ha defendido la declaración de la ciudad como zona tensionada “como una medida necesaria para controlar los precios del alquiler, evitar abusos y proteger a quienes están en mayor riesgo de exclusión residencial”.

Katherine Yomaira Trujillo Ibarra, de la Asociación Mujeres, Voces y Resistencias, ha denunciado lo que ha definido como “racismo inmobiliario”, en referencia a “la realidad de un mercado de alquiler lleno de prejuicios y estereotipos que se convierten en barreras”. Ha exigido “medidas reales urgentes e inmediatas, como regularizar los precios de alquiler, instar a la Generalitat a que declare València zona tensionada, mejorar el acceso a la vivienda pública para familias vulnerables, jóvenes, migrantes y mayores, y reforzar los servicios contra la discriminación”.

Por parte del Consell de la Joventut de València, ha intervenido Noelia Rojas Reyes, quien ha calificado la declaración como “imprescindible” y ha asegurado que la realidad actual es de “emergencia”. “La juventud de nuestra ciudad se encuentra frente a una situación de acceso a la vida en la que es sencillamente insostenible”, ha asegurado, y ha defendido que “el acceso a la vivienda digna no es una cuestión de mercado, sino de derechos. Una ciudad que expulsa a su juventud –ha concluido- es una ciudad que renuncia a su futuro”.

Finalmente, l’Associacio de Veïnes i Veïns la Torre ha cedido la palabra a José Luis Gónzalez Meseguer, en nombre de la Plataforma Juntes per l’Habitatge, quien ha subrayado que la responsabilidad y las respuestas al problema de la vivienda “no solo son de la administración local, sino también de la administración autonómica y de la estatal”. El portavoz ha defendido que “para poder avanzar, se deben sacar fuera las estrategias que buscan una rentabilidad propia en lugar del beneficio colectivo”, y ha demandado una reunión con la alcaldesa “para poder plantear todas las alternativas con tranquilidad”.

La moción ha sido rechazada al no contar con respaldo suficiente de la corporación. Los grupos Popular y Vox han rechazado la propuesta de Compromís, que se ha votado con una serie de adiciones planteadas por el Grupo Municipal Socialista, las cuales se han sumado a la propuesta final, que no ha salido adelante.

En su exposición para explicar su rechazo a la propuesta, el concejal de Urbanismo, Juan Giner, se ha hecho eco de las manifestaciones del Parlamento Europeo, “que no habla de limitación, sino de incrementar la oferta como solución al problema”, ha afirmado; del Banco de España, “que habla de más oferta y advierte de la limitación de los precios”, ha añadido; o de la Universidad Politécnica de Valencia, “que habla también de más oferta y dice que los controles solo expulsan viviendas del mercado”, ha concluido. Giner ha explicado al rechazo a la moción por los efectos que pueden derivarse de la declaración de zona tensionada: “aunque el precio de la unidad de la vivienda pueda reducirse –ha argumentado- en global hay un 20% menos de viviendas en el mercado”, y ha citado como ejemplos los casos de ciudades como Barcelona, Berlín, París o Estocolmo. “Ahí no ha funcionado; ¿por qué lo queremos para València?”, ha cuestionado.

El ponente de la moción, el concejal de Compromís Pere Fuset, ha defendido su propuesta denunciando que “lo que se está construyendo actualmente no es para personas que no pueden disponer de una vivienda, sino para que la compre quien tiene patrimonio suficiente para invertir”. “Y por eso –ha subrayado- además de construir VPP, es necesario limitar el precio de la vivienda privada: porque hay que decirle a aquellas personas que están exigiendo rentabilidades de dos dígitos que con la vivienda no se especula”. “Y en València ahora mismo –ha alertado- hay más gente comprando para invertir que para vivir. Y cuando una persona compra para invertir, hay una familia que no puede quedarse a vivir”, ha concluido.

En parecidos términos, el portavoz socialista, Borja Sanjuán, ha denunciado que este ayuntamiento “no hace política de vivienda, sino política inmobiliaria”, y ha alertado de las políticas de construcción de viviendas como solución a las dificultades de acceso “porque mientras dan los frutos esas medidas, hay una generación entera a la que se echa de València: ningún joven que está esperando una vivienda puede esperar cuatro, cinco o seis años a que se levanten mil, dos mil o tres mil viviendas de VPO nuevas”, ha subrayado. “La única manera que tenemos de atender una emergencia es con una medida que tome efectos desde ya, y solamente hay una, que es limitar los precios del alquiler”.

La moción ha sido finalmente rechazada por 16 votos en contra (PP y Vox) y 15 a favor (Compromís y PSPV).