Noticias Destacadas | Ayuntamiento de Valencia - València

• El Pleno acuerda instar a la Generalitat a continuar con las medidas de supervisión y de mejora de los procedimientos de tramitación, visado y adjudicación de viviendas de protección pública
• Una decena de entidades sociales intervienen en el hemiciclo para defender la diversidad y la importancia de los migrantes en el progreso de la ciudad

Los grupos políticos que conforman la corporación municipal han debatido este martes en el Pleno correspondiente al mes de febrero una serie de mociones que ha abordado cuestiones como la vivienda protegida, la participación ciudadana en el urbanismo, la igualdad de género, la gestión de la Marina, la regularización extraordinaria de inmigrantes y los privilegios institucionales de la presidencia de la Generalitat.

Vivienda protegida y control público

La vivienda protegida ha centrado varias de las mociones presentadas por la oposición. El Grupo Compromís, a través de Ferran Puchades, ha reclamado revertir las modificaciones normativas de 2024 que, según ha denunciado, han debilitado los controles en la adjudicación de Viviendas de Protección Pública (VPP), permitiendo “posibles irregularidades” como las detectadas en Alicante. Puchades ha propuesto al resto de grupos políticos “reinstaurar con carácter obligatorio la inscripción previa en el Registro de Demandantes de la Generalitat, la presentación de declaración responsable acreditativa del cumplimiento de los requisitos y los mecanismos de baremación pública y control administrativo previos a la adjudicación”, así como reforzar la fiscalización y prohibir la participación de cargos públicos y familiares en estos procesos.

En la misma línea, el Grupo Socialista, a través del texto presentado por el concejal portavoz Borja Sanjuán ha subrayado la necesidad de recuperar el control público en el acceso a la vivienda protegida y evitar que “la vivienda pública deje de ser una herramienta de justicia social para convertirse en un instrumento de negocio privado”. Sanjuán ha propuesto la creación de un Registro Público de Demandantes, un Registro de Oferta y un Registro de Viviendas Vacías de grandes tenedores, así como la obligación de que todas las VPP, incluidas las de promoción privada, solo puedan adjudicarse a personas inscritas en el registro público. Además, solicitan una revisión de legalidad de todas las permutas de suelo público municipal a cambio de edificios viviendas desde julio de 2023, al considerar que puede haberse producido un caso de “pelotazo urbanístico” a través de posibles “sociedades pantalla”.

Suelo público a cambio de viviendas

Las dos mociones suscritas por la oposición en relación a la gestión de las viviendas de protección pública han sido rechazadas por el equipo de gobierno. En su lugar han salido adelante sendas propuestas presentadas por el concejal de Urbanismo y Vivienda, Juan Giner, en las que, principalmente, se insta a la Generalitat “a continuar con las medidas anunciadas en materia de supervisión y de mejora de los procedimientos de tramitación, visado y adjudicación de viviendas de protección pública”, reforzando los controles y la transparencia.

El Grupo Popular ha instado a la Corporación a que continúe avanzando “en el nivel de ejecución del Plan +Vivienda, con el objetivo de alcanzar más de mil nuevas viviendas del parque público municipal y dar mayor respuesta al registro de demandantes de vivienda. Giner ha defendido el modelo de permuta de suelo municipal por viviendas, ha negado el “pelotazo” y ha criticado al Grupo Socialista por aportar desinformación.

Juan Giner ha anunciado que el Ayuntamiento de València ha requerido a la empresa Domio, adjudicataria de una permuta de suelo para construcción de VPP, que “justifique” el cumplimiento de la declaración responsable que tuvo que presentar para acreditar el cumplimiento de las bases del proceso de concurrencia convocado por el Consistorio. Posteriormente serán los servicios jurídicos municipales los que determinarán “si cumple o no” las bases del proceso.

El responsable municipal de Urbanismo ha realizado este anuncio durante su intervención en el pleno ordinario del Ayuntamiento de Valencia en respuesta a las acusaciones del portavoz del grupo socialista sobre el incumplimiento del punto de las bases que establecía que, en el momento de la permuta, no existieran acuerdos de venta de los pisos entregados por la promotora al Ayuntamiento "Hemos requerido a la empresa para que justifique esa declaración responsable. Y con esa justificación hemos pedido un informe a los servicios jurídicos para que digan si cumple o no. Y se acabó la fiesta, señor Sanjuán. Si cumple, se acabó. Y si no cumple, habrá que demandar a la empresa", ha sentenciado Giner.

Urbanismo y participación ciudadana

El Grupo Compromís, a través de la concejala portavoz Papi Robles, ha puesto el foco en la necesidad de un urbanismo participativo y ha “impugnado el modelo de urbanismo de la alcaldesa y del Partido Popular”. Robles ha denunciado la falta de diálogo con el vecindario en proyectos clave y ha exigido “paralizar la tramitación de todos los instrumentos y desarrollos urbanísticos en marcha hasta no realizar verdaderos procesos de participación pública con el vecindario y las entidades representativas”.

Robles ha solicitado igualmente la paralización de la cesión de una parcela al Puerto de València “para la construcción de un rascacielos” y la supresión del túnel de Pérez Galdós y Giorgeta. “Apostamos por una participación real de los vecinos y las vecinas. València es para quien la habita y la sostiene con sus impuestos. Si la ciudad la van a decidir las constructoras y los fondos buitres, ¿para qué queremos una alcaldesa y un equipo de gobierno?”, se ha preguntado la concejala de Compromís en el salón de plenos.

La concejala socialista Maite Ibáñez ha agradecido las intervenciones de las entidades cívicas y se ha sumado a la propuesta del Grupo Compromís. Ibáñez ha presentado una adición, en la que propone no licitar el proyecto de rehabilitación del aparcamiento de la plaza Joan de Vila-rasa, que lleva aparejado la reforma del jardín de Parcent, “por no haberse acordado el diseño de dicha zona verde con las entidades sociales y las asociaciones vecinales”. “Se quieren cargar la participación ciudadana en el diseño de València y quieren decidirlo desde los despachos”, ha resaltado.

Finalmente, el Pleno ha aprobado con los votos a favor del equipo de gobierno la moción alternativa presentada por el concejal de Urbanismo, Juan Giner, en la que insta al Ayuntamiento “a continuar con la tramitación de todos los instrumentos y desarrollos urbanísticos que están en marcha en estos momentos, siguiendo con los procesos de participación pública con los vecinos y las entidades representativas”.

Juan Giner ha explicado con anterioridad que los procedimientos tienen unos trámites regulados por la legislación, que indica el momento en que participa la ciudadanía. Ha defendido que el equipo de gobierno sigue esos plazos y ha recordado, como ejemplo, “las ocho reuniones” mantenidas con las entidades vecinales del barrio de Campanar, además de referirse a otros encuentros con organizaciones ciudadanas. “Este gobierno cree en un urbanismo ordenado, escuchando a los vecinos y siguiendo el ordenamiento legal. No vamos a frenar el desarrollo urbano, no vamos a paralizar nada”, ha insistido el concejal Giner.

Diversas entidades vecinales han participado previamente al debate, en el que han reclamado al Ayuntamiento más transparencia y mayor participación de la ciudadanía en el futuro urbanístico de la ciudad, además de reclamar mejoras en la movilidad urbana.

Parcela de la Marina

En cuanto a la gestión de la Marina, el Grupo Socialista, a través de Borja Sanjuán, ha defendido que la parcela A-08-2, junto a la Estación Marítima, siga siendo de titularidad municipal y se destine a usos de utilidad pública, a la vez que han rechazado su devolución a la Autoridad Portuaria de València para la construcción de un hotel privado. Sanjuán se ha preguntado “quién gana con la pérdida de terreno para la ciudad” y ha propuesto modificar el planeamiento para que el uso hotelero no sea predominante y garantizar la participación ciudadana en cualquier actuación sobre la parcela. “No hay nada que obligue a que se haga un hotel”, ha dicho.

Papi Robles ha salido al estrado para criticar la cesión de suelo municipal a la Autoridad Portuaria, que ha calificado de “agujero negro de la democracia”. La concejala portavoz de Compromís ha exigido al equipo de gobierno que explique los beneficios que supone para la ciudad esta modificación del planeamiento urbano.

El concejal José Marí Olano ha señalado la existencia de usos comerciales en el plan especial de la Marina y ha afirmado que la existencia de un hotel de cinco estrellas y un edificio de oficinas es bueno para València y el empleo en la ciudad. “Es bueno que se haga porque va a generar puestos de trabajo de calidad y así se lo he explicado a los vecinos”, ha añadido. La moción del Grupo Socialista no ha salido adelante ante la mayoría de los votos del equipo de gobierno.

Igualdad y derechos de las mujeres

Nuria Llopis, concejala del Grupo Socialista, ha reivindicado el 8 de marzo como Día Internacional de las Mujeres y ha alertado sobre los retrocesos en igualdad. “No estamos avanzando como creíamos; porque cuando se cuestiona la igualdad, se cuestiona la democracia”, ha afirmado en el hemiciclo. Llopis ha planteado en su moción impulsar políticas públicas municipales orientadas a la sensibilización y protección de niñas y niños en redes sociales frente a mensajes machistas, acoso sexual y violencia de género, así como fortalecer la coeducación y la erradicación de roles y estereotipos de género desde edades tempranas. “Somos la administración más cercana”, ha recordado. La regidora ha alertado de los espacios digitales donde se hace apología del odio, acoso y la violencia contra las mujeres y ha defendido la promoción del pensamiento crítico. “El feminismo no es una amenaza sino una garantía democrática; sin igualdad digital no habrá igualdad real, y sin igualdad no habrá democracia”.

El concejal José Gosálbez, del Grupo Vox, ha afirmado en el estrado que “defender a las mujeres no es colgar una pancarta el 8-M sino proteger su seguridad, su libertad y su dignidad; su moción es pura hipocresía. La seguridad de las mujeres no se negocia”.

El Grupo Compromís se ha sumado a la iniciativa socialista con una adición al texto inicial por el que han propuesto crear un programa municipal de acompañamiento y detección temprana de violencias digitales en los centros educativos municipales y centros de juventud, que incluya formación específica al profesorado y las familias. La concejala Luisa Notario ha reprochado las palabras del Grupo Vox y ha lamentado que no se suscriba un manifiesto conjunto por parte de los cuatro grupos municipales por el 8-M. “Las políticas de igualdad han desaparecido del hemiciclo. El Grupo Popular está maniatado por Vox en estos temas”, ha dicho Notario.

Rocío Gil, concejala de Igualdad, ha desmentido en el hemiciclo que no se haya aprobado una declaración institucional por el Día de la Mujer y ha resaltado que el equipo de gobierno está “al lado de las personas que trabajan por los derechos de las mujeres”. Gil ha recordado la campaña del 8-M diseñada este año por el Ayuntamiento para reconocer el papel de la mujer en el ámbito de la música y ha adelantado el rechazo a la moción presentada por el Grupo Socialista, “porque es algo que ya estamos haciendo”. Así ha sucedido en la votación, ya que los 17 votos del equipo de gobierno han servido para que el Pleno deniegue la moción defendida por la oposición.

Inmigración y regularización

El concejal portavoz del Grupo Vox, José Gosálbez, ha presentado una moción en la que rechaza la regularización extraordinaria de inmigrantes y reclama una política migratoria “clara y firme”. Entre sus propuestas destacan: “proceder a la repatriación de todos los inmigrantes que accedan ilegalmente a nuestra Nación”, “establecer la prioridad nacional en el acceso a todas las ayudas sociales y los servicios públicos”, “suprimir toda ayuda y beneficio social a los inmigrantes ilegales” y “eliminar las subvenciones a asociaciones que promuevan o faciliten la inmigración ilegal”. Desde el estrado, Gosálbez ha asegurado que la regularización extraordinaria “pretende cambiar España sin preguntar a los españoles; la regularización cambia una nación. No se trata de una medida administrativa, es modificar la composición de la nación”.

El concejal portavoz del Grupo Socialista, Borja Sanjuán, ha criticado la moción del Vox, por “no aportar datos en sus argumentos” en contra de la regularización administrativa de emigrantes. “No hay efecto llamada, lo que ustedes quieren es un efecto exclusión”, ha señalado. “Hablan de ellos como si fueran tornillos y tuercas en lugar de personas que viven y trabajan con nosotros, son vecinos de esta ciudad; no quieren buenos vecinos, quieren buenos esclavos”, ha añadido el edil socialista.

El Grupo Compromís ha presentado una moción alternativa a la del Grupo Vox en la que se reconoce que la sociedad valenciana “se ha construido históricamente sobre la diversidad, la acogida y la convivencia”. Además, el grupo de la oposición ha insistido en que la regularización administrativa de las personas migrantes “no es un privilegio, sino una medida de justicia social”. Por ello, la concejala Lucía Beamud ha propuesto a la corporación “dar apoyo explícito a la Iniciativa Legislativa Popular para la regulación de personas migrantes, como medida de justicia social y de garantía de los derechos humanos”. “Benvingut siga qui a sa casa ve”, ha concluido la concejala de Compromís.

La concejala delegada de Servicios Sociales, Marta Torrado, ha defendido la posición “clara, responsable y coherente” del Grupo Popular y ha recordado que “la política migratoria es una competencia estatal, a nosotros no nos corresponde decidir, pero sí evaluar cómo afecta a nuestra ciudad, a nuestros servicios públicos y a la convivencia”. Torrado ha destacado que “València es una ciudad abierta, solidaria e integradora; miles de personas extranjeras contribuyen al progreso de la ciudad cumpliendo la ley”. “Rechazamos la regulación masiva por decreto, sin planificación real y sin contar con los municipios. Defendemos una inmigración ordenada, legal y vinculada al empleo, no decisiones improvisadas”, ha concluido la concejala popular.

Intervención de entidades sociales

Una decena larga de entidades sociales y asociaciones vecinales han intervenido previamente al debate para mostrar el rechazo a la moción presentada por el Grupo Vox. Los distintos representantes ciudadanos han rechazado la supuesta vinculación entre emigración y delincuencia, han defendido la regularización extraordinaria y han calificado la moción del concejal Gosálbez de “escalada segregacionista” y de “aumentar la grieta entre las personas”, al negar “la igualdad que promueve la Constitución”.

“El barrio de Orriols es un ejemplo de españolidad mestiza y la interculturalidad es una riqueza”, ha señalado desde el palco de invitados la portavoz de la asociación Plataforma Orriols en Lucha. “El efecto llamada no existe y que los migrantes quiten el trabajo a los españoles es mentira”, ha añadido. El representante de la asociación vecinal de Campanar ha defendido los conceptos de “libertad, igualdad y fraternidad” y ha señalado que “esta ciudad se ve avergonzada por esta moción que busca pescar unos votos y levanta un muro de vergüenza e indignidad”. En su turno, la portavoz de Intersindical ha afirmado que “la inmigración no es un problema sino una realidad humana que contribuye al progreso colectivo”. “Ningún ser humano es ilegal”, ha recordado otra de las intervinientes.

La moción presentada por José Gosálbez ha sido rechazada finalmente por el Pleno al contar sólo con el apoyo de dos de los cuatro concejales del Grupo Vox. Del mismo modo, el texto alternativo remitido por el Grupo Compromís no ha salido adelante gracias al voto de calidad de la alcaldesa, María José Catalá, tras dos votaciones que se habían saldado con empate a 16 votos.

Privilegios institucionales y transparencia

Al inicio del debate de las mociones, Compromís, a través del concejal Pere Fuset, ha solicitado la dimisión de Carlos Mazón como diputado de Les Corts y la eliminación de los privilegios de expresidente previstos en la Llei 6/2002, d'Estatut dels Expresidents de la Generalitat Valenciana. “Hay algo que tiene claro la sociedad valenciana, Mazón no merece tener un privilegio. Ha mentido mil y una veces”. Fuset ha acusado al equipo de gobierno de “proteger al señor Mazón” y ha reclamado “modificar la ley para eliminar los privilegios y garantizar un uso racional de los recursos orientados al interés general de la ciudadanía”. El concejal socialista Javier Mateo ha recordado a las víctimas de la dana de 2024 y ha afirmado que Mazón “no ha estado, no está ni estará jamás a la altura del cargo que representa y debe dimitir”.

La moción ha sido rechazada finalmente por los 17 votos mayoritarios del equipo de gobierno, conformado por los Grupos Popular y Vox, que no han participado en el debate.