Ayuntamiento de València - València

• El Ayuntamiento de València reclama agilizar la investigación del incendio del Saler y acuerda continuar la recuperación de la Devesa
• La Corporación apuesta por revisar el riesgo de inundación, reforzar la vigilancia en puntos sensibles y extender el programa València + Segura
• El Pleno aprueba mantener la normativa de alojamientos turísticos y acuerda reforzar la atención social en el asentamiento del antiguo circuito de Fórmula 1
• El equipo de gobierno rechaza las seis mociones presentadas por la oposición

El Pleno municipal, en la sesión ordinaria de septiembre, ha abordado este martes diversas iniciativas de los cuatro grupos políticos municipales sobre el incendio de la Devesa del Saler, la respuesta a las lluvias, la regulación de los alojamientos turísticos, el asentamiento en el antiguo circuito de Fórmula 1 y la situación de Ceuta y Melilla. En los seis asuntos relativos a la ciudad, las propuestas iniciales del Grupo Compromís y del Grupo Socialista han decaído tras aprobarse las alternativas del equipo de gobierno. Las tres mociones sobre “la españolidad” de Ceuta y Melilla presentadas por el Grupo Popular y el Grupo Vox se han debatido al margen de esas alternativas y sólo ha salido adelante la presentada por el Grupo Popular.

Respuesta a las emergencias climáticas

La portavoz del Grupo Compromís, Papi Robles, ha defendido la creación de una comisión de investigación sobre el incendio de los días 27 y 28 de agosto en la Devesa del Saler, a la que ha definido como “maravilla de la naturaleza”. Su iniciativa sitúa en el centro la prevención, la extinción y la recuperación del paraje, después de que el fuego afectara, según la moción, a 37 hectáreas. “Se trata de una cuestión de Estado”, ha dicho. Robles ha planteado examinar las decisiones de gestión pública sin confundir esa tarea con la investigación policial y judicial sobre el origen del incendio.

La propuesta de la oposición pide reconocer el trabajo de quienes intervinieron y atender e informar periódicamente a las personas afectadas. La concejala Robles ha solicitado al Pleno una comisión no permanente con representación de todos los grupos y voto ponderado, reuniones al menos mensuales, acceso a expedientes e informes y posibilidad de comparecencias. El texto registrado por el Grupo Compromís fija 30 días desde una eventual aprobación para constituirla y seis meses desde entonces para elevar al Pleno un informe con recomendaciones sobre prevención, respuesta y recuperación.

Por el Grupo Socialista, el concejal Borja Santamaría ha vinculado el incendio con la necesidad de reforzar la protección de la Devesa-Albufera ante el aumento del riesgo asociado al cambio climático. En su exposición ha cuestionado la suficiencia de la prevención y la coordinación municipal y ha reclamado un compromiso estable con participación del vecindario del Saler. Santamaría ha reprochado a la alcaldesa, María José Catalá, que delegara y mantenga en el concejal José Gosálbez las competencias municipales sobre la Devesa-Albufera.

La moción socialista propone dotar de presupuesto, con carácter prioritario, las actuaciones pendientes del Plan Local de Prevención de Incendios Forestales; elaborar en un máximo de dos meses un informe integral sobre las causas, la intervención municipal y la ejecución del plan; y crear una Mesa de Interconcejalías permanente con participación vecinal. Asimismo, reclama más medios humanos y materiales para la vigilancia y primera intervención en la época de mayor riesgo y retirar las competencias de Devesa-Albufera y de Prevención y Extinción de Incendios a los concejales responsables de esas áreas.

El portavoz del Grupo Vox y concejal de Devesa-Albufera, José Gosálbez, ha respondido a los grupos de la oposición que “cortafuegos en la Devesa no se pueden hacer; el único culpable es el que prendió fuego el incendio y el problema es la no gestión de la Dehesa durante muchos años”. “Hemos aumentado la poda en El Saler un 30 % más”, ha añadido el regidor. 

Episodios meteorológicos

La concejala de Compromís Maria Giner ha centrado otra iniciativa en la respuesta municipal a las lluvias del 16 de septiembre. La moción sostiene que el aviso a la población y la constitución del centro de coordinación municipal, CECOPAL, llegaron tarde, y ha planteado adaptar los protocolos a la mayor recurrencia de episodios meteorológicos extremos. Giner ha solicitado un informe público de evaluación de aquella jornada, incluida la justificación de que el CECOPAL no se constituyera antes; incorporar sus conclusiones y el escenario de emergencia climática a los planes municipales en revisión; establecer un seguimiento permanente de emergencias y hacer obligatoria la constitución del CECOPAL en preemergencia por alerta naranja o roja.

Giner ha pedido además un plan de choque con calendario público para retirar arbolado caído y restos vegetales, inspeccionar y reponer árboles, reparar semáforos y reabrir el parque Gulliver tras informar sobre el colector; y ha instado a la Generalitat a revisar el envío preventivo de ES-Alert e informar de la alerta del 16 de septiembre.

Respuesta del equipo de gobierno

Como alternativa a las dos mociones sobre el incendio, el equipo de gobierno, a través del portavoz popular Juan Carlos Caballero, ha llevado al Pleno una propuesta que es la que ha salido adelante tras las votaciones de los grupos municipales. El acuerdo reconoce el trabajo de Bomberos, los servicios de emergencia y el Servicio Devesa-Albufera, así como la colaboración del vecindario; insta a agilizar la investigación para identificar a las personas autoras y a endurecer las penas por incendios forestales intencionados; y respalda las acciones judiciales del Ayuntamiento para reclamar la reparación de los daños y los costes de extinción y recuperación.

“Dejen de cuestionar las decisiones técnicas operativas de los mandos de la emergencia”, ha respondido Caballero a las bancadas de la oposición, tras las críticas recibidas por la extinción del incendio en la Devesa del Saler. El portavoz municipal ha destacado el aumento de la plantilla en el Departamento de Bomberos en el actual mandato.

La propuesta presentada por el concejal del Grupo Popular acuerda también continuar los trabajos posteriores al incendio con la Generalitat, aplicar las recomendaciones del CEAM, ampliar los cortafuegos húmedos, incorporar nuevos cortafuegos al plan local, reforzar la concienciación y mantener informado al vecindario, además de trasladar el acuerdo a las instituciones señaladas en el texto.

Frente a la moción sobre las lluvias, el equipo de gobierno ha sacado adelante otra alternativa, presentada por el Grupo Popular. El acuerdo apuesta por mantener las medidas de prevención y respuesta conforme a los planes vigentes y a criterios técnicos; incorporar a la revisión del plan municipal de inundaciones las conclusiones de un estudio particularizado del riesgo, con atención especial a las pedanías; y reforzar la vigilancia mediante cámaras y otras tecnologías en cauces, barrancos y puntos sensibles. Asimismo, tiene previsto extender el programa València+Segura para formar a la ciudadanía en prevención y autoprotección y continuar realizando simulacros, con participación ciudadana cuando resulte adecuado.

Incendio del Saler

Antes del debate sobre el último incendio declarado en la Devesa del Saler ha participado el portavoz de Mi Tierra Comunitat Valenciana, Juan Luis Perales, quien ha reconocido el trabajo de las entidades y equipos de emergencia que participaron en la extinción del incendio. Perales ha lamentado “la sensación de abandono” que han vivido los vecinos del Saler durante años, “pidiendo más mantenimiento, prevención y seguridad”, antes de agradecer las labores recientes de los servicios municipales sobre la masa forestal. El representante vecinal ha demandado más y mejores vías de evacuación y un aumento de presupuesto para la poda. “La gestión de la Devesa no debe utilizarse como arma política”, ha concluido.

Ha cerrado este turno de participación ciudadana Ana María Josefa Gradolí, de la entidad vecinal Monte de la Dehesa del Saler-Salermar, quien ha afirmado que el único culpable del incendio fue el que inició el fuego. Gradolí ha pedido más intervenciones municipales para que la Devesa “no sea un polvorín” y ha agradecido el funcionamiento habitual de los cañones de agua del sistema Sideinfo durante el pasado verano.

Mariano Schachmann, por la entidad vecinal de Benicalap Entrecaminos, ha tomado la voz ante los grupos políticos municipales, en representación de los vecinos del barrio afectados por el episodio de lluvias torrenciales del pasado 16 de septiembre registrado en la ciudad, para pedir “caridad y justicia”. Schachmann ha descrito los daños sufridos en el complejo residencial y el riesgo de morir ahogado de un vecino, que fue salvado milagrosamente por otro residente. El representante ha lamentado la “desastrosa planificación urbana” por haber permitido la construcción del edificio en una vaguada”.

Alojamientos turísticos

El concejal Javier Mateo ha puesto el foco en los conflictos que, según la moción presentada por el Grupo Socialista, ha generado la implantación de alojamientos turísticos en edificios residenciales, especialmente cuando las obras afectan a elementos comunes. También han cuestionado la capacidad de inspección municipal frente a la actividad ilegal y el efecto de estos usos sobre la convivencia en los barrios. “València no es un parque temático”, ha afirmado.

Para abordarlo, ha solicitado modificar la normativa municipal y “prohibir la implantación de hoteles, apartamentos turísticos y cualquier otro alojamiento turístico” en edificios residenciales o de uso mixto principalmente residencial, incluidos sus bajos. “Ceuta no se vende, no se negocia, Ceuta se defiende”, ha señalado el portavoz del Grupo Vox. La propuesta socialista añade la reapertura de la Oficina Municipal de Vivienda y el refuerzo de la inspección mediante un cuerpo específico para detectar y perseguir alojamientos turísticos ilegales. “València tiene un problema muy grave con los apartamentos turísticos fuera de control. Este Ayuntamiento no hace nada; y cuando actúa, actúa mal”, ha afirmado Mateo.

El concejal del Grupo Compromís, Ferran Puchades, se ha hecho eco de algunas palabras pronunciadas por las entidades vecinales a lo largo de la sesión plenaria: “protección”, “vida de barrio” y “barrio para vivir”, frente al “fin de la barra libre” anunciado por el equipo de gobierno “en el pleno del mes de marzo”, en el caso de los apartamentos turísticos “Estas normas nacen viejas; y en seis meses han envejecido a una velocidad de vértigo”, ha criticado el representante de Compromís.

Juan Giner, concejal de Urbanismo, Vivienda y Licencias, ha defendido en nombre del gobierno municipal una moción alternativa que ha resultado aprobada gracias a los votos del Grupo Popular y el Grupo Vox. El texto acuerda continuar aplicando la normativa municipal de alojamiento turístico aprobada el 25 de mayo de 2026; seguir impulsando el Plan + Vivienda, los nuevos planes de actuación integral, la agilización de licencias de obras y el alquiler asequible del parque municipal; y mantener la inspección coordinada del Servicio de Inspección y la Policía Local para atender las denuncias vecinales, con “tolerancia cero frente a los apartamentos turísticos ilegales”.

Giner ha recordado la actual actuación municipal “respecto a la casuística” del caso de Benicalap y ha señalado que el anterior gobierno municipal “permitió en 2018 la construcción de los apartamentos turísticos en las plantas bajas”. “Nosotros hemos puesto orden, aprobamos moratorias”, ha señalado Giner, para defender la actual normativa municipal. “El barrio de Russafa está saturado y ya se no admite ninguna licencia turística”, ha concluido.

Participación ciudadana

Previamente, en relación con el debate sobre la normativa de alojamientos turísticos, han tomado la palabra cinco entidades vecinales. Desde el palco de invitados, el delegado de Plataforma per Russafa, Luis Flox, ha anunciado su apoyo a la moción presentada por la oposición contra la actual regulación de los apartamentos turísticos. “Russafa ha sufrido una transformación silenciosa, cada vez hay menos vida vecinal” y ha criticado el proyecto de “la colmena turística de la calle Puerto Rico”. “Ni siquiera las administraciones se ponen de acuerdo en el número de apartamentos turísticos registrados en la ciudad”, se ha lamentado el representante vecinal del barrio de Russafa.

María Cecilia Ramírez, por Cuidem la Raiosa, ha confesado hablar “desde la rabia y la responsabilidad” y ha denunciado “lo que pasa en mi barrio: mis vecinos están siendo desplazados de sus viviendas; nuestro barrio se está convirtiendo en un alojamiento turístico, porque estamos cerca de la estación del AVE y del centro de València”. “Hoy tenemos 91 bajos turísticos en la Raiosa”, se ha lamentado, antes de reclamar al Ayuntamiento una reforma de la normativa municipal. “Queremos seguir teniendo vecinos, queremos seguir siendo barrio”, ha concluido.

El representante de Vecinos de Benicalap Entrecaminos, Juan Antonio Mateos, ha lamentado la indefensión y la desprotección de las familias, ante la proliferación de los alojamientos turísticos en el barrio y ha criticado el gasto que deben asumir las comunidades de vecinos para defender sus derechos. “El urbanismo debe proteger al tejido vecinal”, ha afirmado.

Al respecto, la portavoz de la Asociación vecinal de Malilla, Rosa Jover, ha hecho un detallado recorrido de los apartamentos turísticos existentes en el barrio, calle por calle. Jover ha pedido “transparencia” en la gestión municipal sobre el sector de los alojamientos turísticos. “En el barrio hay a la venta viviendas de segunda mano por 300.000 o 400.000 euros y de nueva construcción por medio millón de euros”, se ha lamentado y ha resaltado que “el objetivo de los rentistas no es crear barrio”. “Malilla ha de ser un barrio para vivir con viviendas asequibles”, ha concluido.

A continuación, Miguel Roig, por la Asociación de Vecinos Cultural y de Consumidores de Patraix, ha aludido al caso de una residencial del barrio, que había acordado no permitir actividades turísticas y, a pesar de ello, se han habilitado “apartamentos turísticos sin licencia”. Roig ha señalado que “llevamos más de dos años defendiendo vivir tranquilamente en nuestra propia casa; no pedimos privilegios, pedimos que se cumplan las normas”. “Ningún vecino debería aparecer en televisión para exigir que las normas se cumplan”, se ha lamentado desde el palco de invitados. 

Asentamientos en el antiguo circuito

En relación a los asentamientos de familias sin hogar en el antiguo circuito de la Fórmula 1, han tomado la palabra en el hemiciclo otras dos entidades. Primeramente, una componente de la entidad La Surcultura Juvenil, Ana Isabel Martínez, ha afirmado desde el palco de invitados que “la ciudadanía exige diálogo y menos miedo” y se ha lamentado de que el pleno haya debatido “sobre Ceuta y Pedro Sánchez”. Martínez ha reprochado la actuación de la alcaldesa, María José Catalá, y del Ayuntamiento en genera, ante el caso de los asentamientos en el antiguo circuito. 

Seguidamente, la asociación Edad Dorada Mensajeros de la Paz Comunitat Valenciana, en boca de Consuelo Felip, ha recordado unas palabras de Gandhi para lamentar la falta de acuerdo municipal en la resolución de la situación de las familias que viven en la calle. Felip ha añadido que “nadie nos ha prohibido atenderlos”. Un representante de la entidad vecinal Grau-Port, Vicent Martínez, ha tomado la palabra para denunciar que “ha aumentado la concentración de asentamientos en el Grau, por el traslado forzado de personas sin hogar de otros lugares de la ciudad como el Jardí del Túria”. Martínez ha denunciado que algunas de estas personas tienen trabajo pero no pueden acceder a una vivienda asequible, por lo que ha pedido una mayor oferta de vivienda pública.

Tras el turno de las entidades ciudadanas, la concejala Maite Ibáñez ha reclamado una respuesta social y habitacional para las “cuatrocientas personas” que viven en el antiguo trazado del circuito de Fórmula 1. La moción del Grupo Socialista describe condiciones de infravivienda y especial exposición a olas de calor y lluvias torrenciales, y advierte contra una intervención urbanística sin alternativas para sus residentes.

Ibáñez ha lamentado el “abandono” del actual equipo de gobierno “a las personas vulnerables” y ha pedido evitar un desalojo “exprés y forzado” hasta abrir un proceso de realojo disperso e inclusión integral, y paralizar el desarrollo del PAI del Grao hasta ofrecer una respuesta social y una alternativa habitacional. Asimismo, propone que los servicios sociales coordinen la asistencia sanitaria, el agua, la protección ante episodios climáticos, las duchas, la recogida de residuos y la fumigación.

Sobre el mismo asentamiento, la concejala Lucía Beamud, del Grupo Compromís, ha defendido una actuación social, residencial y climática coordinada. Su exposición ha señalado la falta de un diagnóstico actualizado sobre la población del enclave y la necesidad de proteger especialmente a las personas vulnerables ante la falta de suministros básicos y los fenómenos meteorológicos adversos.

Beamud ha planteado elaborar un censo social integral y garantizar agua potable, salubridad y atención sanitaria; establecer seguimiento entre servicios municipales y un protocolo específico para alertas de calor, lluvia y otras adversidades, con avisos, refugios temporales y apoyo sociosanitario. La propuesta reclama reforzar el SAUS y los servicios sociales, impedir desalojos sin un plan de realojo digno y permanente y coordinar las labores de limpieza para evitar desplazamientos de personas. También solicita revisar el PAI del Grau para reservar al menos el 50 % de la nueva edificabilidad a vivienda protegida de alquiler asequible y social, proyectar un parque de desembocadura permeable y crear una mesa de coordinación y participación sobre el futuro de la zona.

En respuesta a las dos iniciativas sobre el asentamiento, el Ayuntamiento ha aprobado una alternativa común presentada por el Grupo Popular y defendida por la concejala de Servicios Sociales y Mayores, Marta Torrado. En esta moción se insta al Síndic de Greuges a pedir información a la Delegación del Gobierno y reclama al Gobierno de España y a la propia Delegación explicaciones sobre las medidas relativas a personas migrantes sin documentación o en situación administrativa irregular y sobre la prevención de asentamientos informales. “Detrás de las cifras, hay personas”, ha recordado Torrado, que ha reprochado la inacción del anterior mandato al respecto.

Torrado ha defendido el refuerzo de los programas municipales contra el chabolismo y la infravivienda, con atención social, acompañamiento, prevención y alternativas habitacionales. Desde el Área de Bienestar Social se tiene previsto mantener la coordinación entre Servicios Sociales, Policía Local, Limpieza y otras áreas; así como se plantea duplicar los recursos humanos y económicos de los programas de atención, inclusión y acompañamiento social.

Ceuta, Melilla y las relaciones con Marruecos

El portavoz del Grupo Vox, José Gosálbez, ha impulsado una primera moción sobre la soberanía española en Ceuta, Melilla y los demás territorios españoles del norte de África. En el texto se reacciona a declaraciones de responsables marroquíes que, según expone, han cuestionado esa soberanía, y se considera que esas reivindicaciones son incompatibles con los principios del Tratado de Amistad, Buena Vecindad y Cooperación. “Ceuta ha sido invadida. España ha sido invadida”, ha afirmado el concejal Gosálbez en el inicio de la defensa de su ponencia.

Entre sus diez acuerdos, la iniciativa del Grupo Vox propone reafirmar la soberanía española sobre Ceuta, Melilla, Chafarinas, Vélez de la Gomera, Perejil y Alhucemas; rechazar cualquier negociación sobre ella y condenar las declaraciones citadas. Gosálbez ha pedido al Gobierno exigir a Marruecos una declaración inequívoca de respeto a la integridad territorial española, convocar a su embajador y llamar a consultas al español, con medidas diplomáticas adicionales si persistiera la situación descrita. También ha solicitado promover la suspensión del tratado hasta obtener garantías y cooperación en readmisiones, revisar los instrumentos bilaterales conforme a los principios de reciprocidad y soberanía y exigir la aceptación de los retornos, devoluciones y expulsiones acordados por las autoridades españolas.

En una segunda iniciativa, Gosálbez ha centrado su intervención en las entradas en Ceuta y la presión fronteriza sobre Melilla, hechos que Vox ha calificado de “invasión” y “ataque de guerra híbrida” atribuidos a Marruecos. La segunda moción del grupo Vox responsabiliza políticamente al Gobierno de España de su respuesta y reclama reforzar la defensa y el control de las fronteras, además de esclarecer los hechos. “Ceuta no se vende, no se negocia, Ceuta se defiende”, ha señalado el portavoz del Grupo Vox.

“Carácter español de Ceuta y Melilla”

Sus trece puntos plantean reafirmar el carácter español de Ceuta y Melilla; condenar la actuación atribuida a Marruecos y la del Ejecutivo español; y manifestar que concurren los presupuestos para plantear una acusación al amparo del artículo 102.2 de la Constitución contra el presidente del Gobierno y otros miembros del Ejecutivo. La moción registrada por Gosálbez solicita mantener el despliegue de las Fuerzas Armadas, reforzar a las fuerzas de seguridad, promover devoluciones y readmisiones y mantener cerrados los pasos fronterizos hasta contar con garantías. Además, pide suspender el tratado de amistad si no hubiera rectificación, adoptar medidas diplomáticas y revisar otros acuerdos, ayudas y preferencias; reclamar apoyo de la UE y la OTAN; y expresar solidaridad con la población de Ceuta y Melilla y reconocimiento a quienes han prestado servicio allí. “Marruecos no actúa como un amigo de España y hay que cerrar los pasos fronterizos”, ha resaltado.

El portavoz del Grupo Popular, Juan Carlos Caballero, ha defendido una respuesta coordinada, nacional y europea, ante los acontecimientos de julio en Ceuta y la instrumentalización de la migración. La exposición de motivos de la moción invoca una resolución del Parlamento Europeo de septiembre de 2026 y destacado la condición de Ceuta y Melilla como frontera exterior de la Unión Europea, el apoyo a su ciudadanía y la necesidad de cooperación fronteriza y esclarecimiento de lo ocurrido.

Caballero se ha hecho eco en el hemiciclo de la concesión de la Medalla de Honor de la Ciudad de València al pueblo de Ceuta, y ha destacado que “es un gesto absolutamente necesario con los ceutíes”. La propuesta defendida por el concejal popular pide reafirmar la soberanía española, expresar solidaridad con Ceuta y reconocer a los servicios públicos; condenar la instrumentalización de la migración y reclamar al Estado recursos y coordinación con la UE, incluida la mejora de Frontex y de las infraestructuras fronterizas. También insta a investigar los acontecimientos, garantizar los retornos de quienes no tengan derecho a permanecer con respeto al derecho aplicable y exigir cooperación marroquí en identificación y readmisión.

En el plano diplomático, el concejal Juan Carlos Caballero —en representación del Grupo Popular— ha propuesto convocar al embajador marroquí, valorar la llamada a consultas del español y evaluar el cumplimiento del tratado antes de considerar su suspensión; además, ha reclamado condicionar la cooperación europea a compromisos verificables, promover mecanismos específicos de apoyo a Ceuta y Melilla y trasladar los acuerdos a las instituciones indicadas en la moción. “Es infame lo que está haciendo el gobierno de Sánchez en la crisis de Ceuta”, ha resaltado el concejal popular. Caballero ha pedido “humanidad para las niñas violadas en Ceuta”. “Ceuta nos necesita”, ha firmado.

El concejal portavoz del Grupo Socialista, Borja Sanjuán, ha calificado de “gentuza” y ha reprochado al portavoz del Grupo Vox que “haya presentado dos mociones” sobre Ceuta y haya utilizado “apenas cuatro minutos de intervención de los cinco que tenía”. “La extrema derecha está llena de cobardes que quieren mandar a las guerras a los hijos de otros; la extrema derecha ha podrido las instituciones donde ha entrado”, ha afirmado Sanjuán en su turno de palabra. “Quieren instrumentalizar el dolor”, ha reprochado el concejal socialista a los grupos Popular y Vox, que conforman el equipo de gobierno.

Pere Fuset, en representación del Grupo Compromís, ha criticado las “tres mociones” presentadas por el equipo de gobierno porque, a su juicio, “vienen dictadas desde Madrid”. Fuset ha lamentado la actuación del Gobierno de España en la crisis de Ceuta y ha alabado la “multiculturalidad y la convivencia” de la ciudad autónoma, “que debe volver a la normalidad”. El concejal de Compromís ha concluido señalando que el equipo de gobierno municipal “tiene la obligación de gobernar y gestionar y no de hacer oposición al Gobierno central”.

En relación con las tres mociones sobre Ceuta presentadas por el equipo de gobierno sólo ha salido adelante la registrada por el Grupo Popular, gracias al voto de calidad de la alcaldesa.