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• La corporación ha abordado la situación de las personas con derecho a las ayudas al alquiler que habían quedado excluidas del programa 2025

• El Pleno ha afirmado “el compromiso de continuar trabajando con el desarrollo del Plan + Vivienda impulsado por el Ayuntamiento, así como las nuevas medidas en materia de vivienda”

• La alcaldesa, María José Catalá, presentó ayer una batería de medidas para actualizar la normativa y directrices del Plan + Vivienda, “optimizando la gestión y reforzando las alianzas, con el objetivo de aumentar la oferta de vivienda en la ciudadanía”

El Ayuntamiento Pleno se ha comprometido este martes a garantizar las ayudas al alquiler a todas las familias que cumplen los requisitos. Para ello, la corporación ha acordado este martes “continuar impulsando las actuaciones necesarias desde el Servicio de Vivienda para otorgar la condición de beneficiarias a las personas solicitantes que, cumpliendo todos los requisitos de la Convocatoria de Ayudas Municipales al Alquiler 2025-2026, han quedado excluidas por agotamiento de crédito y no han sido beneficiarias del Programa de Ayudas al alquiler de viviendas correspondiente al ejercicio 2025”.

Asimismo, el Plenario ha hecho manifiesto su voluntad de “reafirmar el compromiso y continuar trabajando con el desarrollo del Plan + Vivienda impulsado por el Ayuntamiento de València, así como las nuevas medidas en materia de vivienda presentadas ayer al público por la alcaldesa de Valencia”.

La iniciativa se ha adoptado a raíz de una moción planteada por el Grupo Municipal Compromís, con el respaldo del Grupo Municipal Socialista. Antes del debate ha tomado la palabra José Luis González Meseguer, representante de la Associacio de Veïnes i Veïns de la Torre, quien ha lamentado “las 500 familias cuyas solicitudes han sido excluidas por agotamiento del crédito presupuestario”. El portavoz vecinal ha puesto de manifiesto “la necesidad de que el Ayuntamiento amplíe de forma urgente el crédito necesario para atender los solicitudes de estas familias, que cumplen los requisitos y han sido excluidas, y que son el 30,57% del total”. Y también ha planteado “que esta situación se tenga en cuenta en el próximo presupuesto”.

El equipo de gobierno ha presentado una moción alternativa, que es la que finalmente ha sido aprobada, con los votos de PP y Vox, mientras que Compromís se ha abstenido, y el grupo Socialista ha votado en contra.

El problema de la vivienda

El concejal Ferran Puchades, de Compromís, ha subrayado la necesidad de crear “un marco regulador que proporcione protección y regulación, y en el caso de la política de alquiler, que proporcione equidad en las relaciones entre propietarios e inquilinos”. Puchades ha denunciado que el gobierno local “otra vez ha dado unas ayudas al alquiler con un importe congelado, el mismo que hace tres años, y los resultados son claros y meridianos: ha habido menos solicitantes que el año anterior, hay menos beneficiarios que el año anterior y los excluidos por falta de crédito se han duplicado: de 260 a 550”. “Y frente a eso, ustedes han convocado precipitadamente una rueda de prensa el otro día para dar a conocer medidas, medidas y medidas”.

La concejala socialista Maite Ibáñez ha acusado al gobierno local de “entregar suelo público para vivienda a constructoras a cambio de unas pocas viviendas, con permutas que han llevado al ayuntamiento a perder suelo de más de 530 viviendas públicas, porque el uso residencial no es su prioridad”. “Han rechazado modificar el Plan General de Ordenación Urbana para que en todos los edificios construidos en los que la estructura lo permita se pueda construir hasta dos alturas más para ampliar el número de viviendas, y también para que todas las nuevas viviendas sean viviendas de protección pública a precios asequibles”, ha añadido. Y ha instado al equipo de gobierno a “aplicar la Ley estatal de vivienda, que permite controlar los precios de alquiler”.

El concejal de Urbanismo y Vivienda ha rechazado las críticas de la oposición, y ha ofrecido un balance de los logros de este mandato: “En 2023 adquirimos el compromiso de impulsar 1.000 VPP en esta legislatura y hoy, dos años y medio después, podemos demostrar la diferencia entre quien promete y quien cumple. Este gobierno municipal ha puesto dinero, presupuesto, suelo y gestión encima de la mesa, y los datos son incontestables”, ha asegurado el edil. “Hemos multiplicado por 11 la inversión en vivienda, pasando de 5,5 millones en 8 años de gobiernos de izquierda a más de 60 millones en apenas dos años y medio; hemos multiplicado por más de 30 el parque público, incorporando 446 nuevas viviendas; hemos cuadruplicado las adjudicaciones, llegando ya a 160 familias y jóvenes; y hemos reducido en un 70% los tiempos para tramitar una licencia siempre que sea destinada a vivienda”. Hoy València tiene esas 1.000 viviendas públicas en marcha, ya que está en ejecución el 45% del Programa + Vivienda”, ha concluido.

Debate sobre el uso del Derecho Penal

También en la sesión de hoy el Pleno ha aprobado, con el voto a favor del equipo de gobierno y el voto en contra de la oposición, una moción que manifiesta “la preocupación por el uso del Derecho Penal en conflictos políticos entre miembros de la Corporación” y en la que los “concejales y concejalas de este Ayuntamiento se comprometen a actuar con responsabilidad institucional”. Igualmente, la moción aprobada acuerda “promover espacios de mediación, diálogo y resolución interna de conflictos”.

La moción aprobada es alternativa a las presentadas inicialmente por el Grupo Municipal Socialista y el grupo Municipal de Compromís donde pedían el cese de la concejala del Grupo Municipal de Vox Cecilia Herrero, para quien la Fiscalía pide pena de prisión por delitos de odio.

La portavoz del Grupo Municipal de Compromís, Papi Robles, ha afirmado que “ser racista no se puede soportar y Vox ha venido a normalizar el odio dentro de las instituciones con la connivencia del Partido Popular”.

El portavoz del Grupo Municipal Socialista, Borja Sanjuán, ha pedido la destitución de Herrero porque “una persona a la que se le piden tres años de prisión no puede ser concejala del Ayuntamiento de València”.

Debate sobre la financiación autonómica

Durante el debate plenario, la corporación ha abordado la propuesta del Gobierno de España de un nuevo modelo de financiación autonómica, tras la moción conjunta planteada por los grupos municipales Socialista y Compromís (alternativa a una propuesta inicial del PSPV-PSOE). El gobierno municipal ha hecho valer su mayoría y ha rechazado esta iniciativa de la oposición, que planteaba dar apoyo a la propuesta del ejecutivo central, y que lo instaba a “incluir, junto a la propuesta de un nuevo modelo de financiación autonómica, la condonación de la deuda que ha asumido la Generalitat Valenciana como consecuencia de la infrafinanciación sufrida por los últimos modelos de financiación”.

El portavoz del Grupo Municipal Socialista, Borja Sanjuán, ha defendido la propuesta y, para ello, se ha hecho eco del acuerdo alcanzado en el Pacto por la Financiación durante la legislatura pasada en el ámbito autonómico: “Fue muy difícil convencer al resto del Estado del problema valenciano, que se asumiera que había un problema de financiación del conjunto de las autonomías y que era el Estado el que tenía que permitir que hubiera una nivelación vertical. Es decir, que no trataba tanto de cómo nos repartíamos la tarta entre las autonomías, sino de que la tarta entre administraciones estaba mal dimensionada”, ha subrayado. “Fue también complicado conseguir la unanimidad en el Pacto por la Financiación Justa de todas las fuerzas políticas, de las universidades, de los sindicatos, de la patronal. Y hoy la propuesta que emana del Gobierno de España es prácticamente la propuesta valenciana”, ha asegurado.

Por su parte, la concejala Eva Coscollá, de Compromís, ha expuesto la “infrafinanciación estructural histórica” que padece la Comunidad Valenciana desde hace más de treinta años. “Tenemos las mismas competencias que el resto de comunidades autónomas, prestamos los mismos servicios públicos, pero hacemos con menos recursos año tras año”, ha denunciado, y ha añadido que “no se trata de un debate técnico ni de una cuestión puntual, sino que es una anomalía que condiciona la capacidad de la Generalitat para garantizar sanidad, educación, servicios sociales e inversión pública”. “Sin un nuevo sistema de financiación justo, un fondo transitorio de nivelación y la condonación de la deuda derivada de la infrafinanciación, el País Valencià continuará atrapado en un círculo de asfixia financiera”, ha asegurado.

El portavoz de Vox, Vicente Gosálbez, ha rechazado la propuesta del Gobierno Central y ha denunciado “el puzzle gigantesco de descomposición nacional de España, en el que nos plantean cómo seguir pagando el sistema autonómico, pero ante el que nosotros preguntamos cómo seguir pagando la división, el despilfarro y la desigualdad; cómo seguir financiando ese chantaje separatista que llevamos sufriendo los españoles 40 años”. “Este modelo autonómico que debaten no es un modelo de gestión, es un modelo de sumisión; un modelo que cede soberanía para conservar el poder, que vende España por partes a cambio de votos en el Congreso”, ha afirmado.

Finalmente, el portavoz del grupo Popular, Juan Carlos Caballero, ha manifestado también su postura contraria a la propuesta, y ha argumentado que “después de 20 años que llevamos infrafinanciados no nos podemos conformar los valencianos, después de tanto maltrato, con quedarnos 2,2 puntos por debajo de la media en la financiación, con un proyecto que no garantiza la suficiencia financiera, que no corrige la infrafinanciación estructural y que ignora deliberadamente a los ayuntamientos”. “Esta ciudad –ha acabado el concejal- después de 20 años de maltrato y de infrafinanciación, merece mucho más que seguir conservando o aceptar las sobras del manjar que el Gobierno central ha preparado para los independentistas catalanes”.