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• La Corporación, a petición del Grupo Popular, propone al Gobierno que cese a la delegada en la Comunitat Valenciana “por su actitud negligente en las presuntas conductas de acoso sexual en entornos vinculados al PSOE”

En la parte final del Pleno de este mes de diciembre, la corporación ha debatido un total de siete mociones presentadas de manera ordinaria por los distintos grupos políticos del Ayuntamiento, centradas en cuestiones de actualidad como la lucha contra el acoso sexual, el derecho a la vivienda, la gestión de fondos solidarios tras la dana, la mejora del transporte público, la protección animal y los compromisos medioambientales de la ciudad.

Igualdad y responsabilidades institucionales

La primera de las propuestas debatidas ha sido la defendida por la concejala Rocío Gil, del Grupo Popular, que ha solicitado al Gobierno de España el cese de la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, por lo que ha considerado una “actuación negligente” en relación con el denominado ‘caso Salazar’. El texto sostiene que la acumulación de “denuncias por presunto acoso sexual en entornos vinculados al PSOE” exige una respuesta institucional ejemplar, especialmente “por la doble condición de Bernabé como delegada del Gobierno y secretaria de Igualdad del partido”. Gil ha acusado en el hemiciclo a Bernabé de “negligencia” y de “lavarse las manos” y de “guardar silencio y borrado” en lo que ha calificado como un caso de “machismo estructural”.

La moción subraya la importancia de garantizar la diligencia debida, la protección de las víctimas y la trazabilidad de las denuncias. En este sentido, el acuerdo propuesto reafirma el compromiso institucional del Ayuntamiento con la tolerancia cero frente al acoso sexual e insta al Ejecutivo estatal a actuar “con celeridad, transparencia y preservación de la integridad de los sistemas internos de denuncia”.

Los dos grupos de la oposición (Compromís y Socialista) han presentado sendas mociones alternativas, que han sido rechazadas posteriormente por los votos mayoritarios del equipo de gobierno, conformado por el Grupo Popular y el Grupo Vox. La concejala socialista Maite Ibáñez ha defendido su propuesta, en la que proponía al Pleno “obligar a todos los partidos políticos y las instituciones” para que establezcan protocolos internos que incluyan “medidas de prevención y detección del acoso sexual, canales de denuncia seguros y medidas de protección a las víctimas”, entre otras. Ibáñez ha acusado al Grupo Popular de “pensar que podían sacar tajada política de esto” y ha afirmado que “no hay ninguna medida de calado destinada a proteger a las mujeres” en la moción defendida por Rocío Gil.

En ese sentido, la moción alternativa del Grupo Compromís proponía igualmente “protocolos internos obligatorios en partidos políticos e instituciones”, así como promover “un cambio cultural” que fomente la escucha, protección y apoyo a las víctimas y rechace cualquier conducta machista”. La concejala Papi Robles ha denunciado el “patriarcado existente en los partidos políticos”, ha acusado a Rocío Gil de presentar “una moción personalista para hacer campaña” y ha reseñado “los casos de acoso denunciados” en el entorno del Partido Popular y Vox.

La moción inicial defendida por la concejala popular Rocío Gil es la que finalmente ha salido adelante con el apoyo del Grupo Popular y el Grupo Vox.

Derecho a la vivienda y movilización ciudadana

Por otra parte, el Grupo Socialista ha elevado al Pleno una moción de apoyo a las movilizaciones convocadas en València el 20 de diciembre en defensa del “derecho a una vivienda digna, adecuada y asequible”. La iniciativa presentada por el concejal Borja Sanjuán asume el manifiesto impulsado por movimientos sociales, vecinales y sindicales —que ha leído de manera íntegra desde el estrado—, y alerta de una situación marcada por el aumento de los desahucios, la escalada de los precios del alquiler y la insuficiencia del parque público de vivienda.

El texto defiende que la vivienda es un derecho fundamental y una condición indispensable para garantizar la igualdad de oportunidades, reclamando un cambio de rumbo en las políticas públicas. El acuerdo propone aprobar el manifiesto ciudadano y asumir sus reivindicaciones “como expresión legítima de la demanda social ante la emergencia habitacional”. El concejal Ferran Puchades, del Grupo Compromís, ha mostrado su sintonía con la moción socialista, que finalmente ha sido rechazada por el Pleno, y ha resaltado que, según el último barómetro municipal, “la primera preocupación de los valencianos y los valencianas es el acceso a una vivienda”.

El concejal popular Juan Giner ha presentado una moción alternativa, que es la que finalmente ha sido ratificada por el Pleno, por la que se acuerda “reafirmar y continuar el desarrollo del Plan + Vivienda, “que actualmente alcanza un grado de ejecución del 41,5%, consolidando las actuaciones ya iniciadas por el actual equipo de gobierno municipal”. El texto defendido por el concejal de Urbanismo incide en “avanzar en la aprobación de planes de actuación integral (PAI) y en el impulso de desarrollos urbanísticos promovidos por el Ayuntamiento, con el objetivo de fomentar la construcción de hasta 13.000 viviendas, de las cuales cerca de 3.000 serán de protección pública. Juan Giner ha destacado la aprobación de 17 PAI y la construcción de “270 viviendas” durante el actual mandato, frente a “las 14 del mandato anterior”. El concejal popular ha recordado en el hemiciclo el reciente anuncio hecho por la alcaldesa, María José Catalá, de la creación de la “agencia municipal de alquiler”.

Transparencia y gestión de fondos tras la DANA

Dos mociones distintas han abordado el presunto desvío de fondos solidarios recaudados para las víctimas de la DANA del pasado 29 de octubre de 2024. Por un lado, el Grupo Socialista, en boca de Borja Sanjuán, ha planteado una condena pública de las actuaciones atribuidas a Vox y a la organización Revuelta —a la que ha calificado de “fascista”—, al considerar que, de confirmarse, supondrían una “quiebra ética” y una “instrumentalización política” del dolor de las personas afectadas. “Ha sido una de las cosas más indecentes en relación a esta tragedia”, ha señalado Sanjuán, quien le ha pedido “valentía” al Grupo Popular para condenar los hechos.

En una línea similar, la concejala Luisa Notario, en nombre del Grupo Compromís, ha reclamado explicaciones públicas, la devolución íntegra de los fondos que no se hayan destinado a fines solidarios y la creación de una comisión de investigación en el seno del Ayuntamiento. Ambas iniciativas de la oposición han coincidido en la necesidad de proteger la solidaridad ciudadana, exigir transparencia absoluta y situar a las víctimas en el centro de la acción institucional. Notario ha señalado en intervención en el Pleno que “no es un problema de siglas, sino de que cómo se ejerce el poder” y ha acusado a Vox de “jugar con el dolor de las víctimas” y de no dar explicaciones al respecto.

José Gosálbez, en nombre del Grupo Vox, ha respondido que desde su formación política “lo hemos condenado y lo hemos denunciado” y ha afirmado que la organización Revuelta “no tiene vinculación directa con Vox, que es un partido limpio”. Gosálbez ha alabado la implicación de la ciudadanía con motivo de las inundaciones de la dana de octubre de 20024, “mientras la administraciones públicas se pasaban la pelotita de las competencias”.

Las dos mociones presentadas por la oposición han sido rechazadas gracias a los votos mayoritarios del equipo de gobierno.

Transporte público y movilidad sostenible

El concejal Giuseppe Grezzi ha defendido en el hemiciclo la moción presentada por el Grupo Compromís para reclamar mejoras urgentes en el transporte público y en el funcionamiento de la Empresa Municipal de Transportes (EMT). Grezzi ha denunciado el deterioro del servicio, el aumento de tarifas y la eliminación de medidas de gratuidad y descuentos. La propuesta alerta del impacto negativo de estas decisiones en las personas usuarias y del riesgo de pérdida de ayudas vinculadas a la Zona de Bajas Emisiones (ZBE).

El acuerdo plantea restablecer a partir del 1 de enero de 2026 la gratuidad del transporte para menores de 30 años y los descuentos del 50 % en los títulos combinados, en toda la red de transporte público, en coordinación con la Generalitat Valenciana.

En este sentido, la concejala socialista María Pérez ha presentado una moción alternativa por la que “insta al gobierno municipal a aprobar y poner en marcha, con carácter inmediato, una ZBE eficaz, conforme a la normativa estatal, que permita mejorar la calidad del aire y garantizar el acceso de València a los fondos estatales vinculados a la movilidad sostenible que permitan mantener los descuentos en el transporte público actualmente en vigor”. Pérez ha criticado “el discurso triunfalista” del equipo de gobierno respecto a la movilidad en la ciudad y la gestión de la EMT. “¿Cuál va a ser el precio del bonobús a partir del martes que viene?”, se ha preguntado la concejala socialista en voz alta.

El concejal de Seguridad y Movilidad, Jesús Carbonell, ha respondido a Grezzi afirmando que “en el anterior mandato no se incorporaron recursos humanos, económicos y materiales” a la Empresa Municipal de Transportes, frente a la “electrificación del depósito norte de la EMT que ha iniciado el equipo de gobierno actual”. Carbonell ha criticado la incoherencia de las mociones presentadas por la oposición y ha defendido la “planificación y extensión de la red de la EMT a toda la ciudad” por parte del actual gobierno local. Respecto a la aplicación de descuentos en el precio del bonobús para 2026, el concejal popular ha respondido que “cuando el Ministerio nos diga cuáles son las condiciones, podremos actuar en consecuencia”.

Las dos mociones presentadas por la oposición han sido rechazadas gracias a la mayoría de votos del equipo de gobierno.

Bienestar animal

En materia de protección animal, el Grupo Compromís ha presentado una iniciativa que reivindica el papel “pionero” de València en esta materia y denuncia “un retroceso claro y evidente” en las políticas de bienestar animal. La moción rechaza el uso de animales en espectáculos circenses y cuestiona la privatización de la gestión del centro municipal de acogida de animales abandonados de Benimàmet. La iniciativa, defendida por la concejala Lucia Beamud, incluye no conceder autorizaciones a espectáculos con animales y retomar la municipalización del centro, con el objetivo de garantizar una gestión pública centrada en el bienestar y la protección animal.

El Grupo Socialista, en la persona de la concejala Nuria Llopis, ha presentado una enmienda de adición por la que propone “prohibir todos los festejos taurinos que impliquen exhibiciones públicas con animales en el término municipal de València, al considerar que suponen maltrato animal innecesario y contrario a los principios de bienestar y respeto a los derechos de los animales”. Los dos grupos políticos han coincidido en poner el foco en “el modelo de ciudad”.

El concejal popular y portavoz municipal, Juan Carlos Caballero, ha acusado a la oposición de protagonizar “un espectáculo, un circo, una sobreactuación e hipérbole” y de tapar su hipocresía, “ya que todo de lo que se han quejado está amparado en una ley de Pedro Sánchez”. “A mí no me gustan los circos con animales”, ha respondido Caballero, quien ha defendido “la aplicación y cumplimiento de la ley sin entrar en gustos personales”. La mayoría del equipo de gobierno ha rechazado la moción presentada por Compromís con la enmienda del Grupo Socialista.

Sostenibilidad y modelo de ciudad

Por último, en la parte vespertina del Pleno, el Grupo Socialista tenía previsto defender una moción para reafirmar los compromisos adquiridos por València como Capital Verde Europea 2024 y ciudad Misión 2030. El texto repasa las estrategias y planes impulsados en los últimos años en materia de sostenibilidad urbana, transición ecológica y mejora de la calidad de vida. El acuerdo propone “reafirmar estos compromisos ante la Comisión Europea” y dar cuenta al Consell Social de la Ciudad “del grado de cumplimiento de los proyectos vinculados a la capitalidad verde y la Misión 2030 en el plazo de tres meses”.

Desde el equipo de gobierno, el Grupo Popular tenía previsto responder con una moción alternativa en la que propone al Pleno “apoyar y dar soporte al OAM València Sostenible que inicia su actividad como entidad pública que gestionará y liderará las políticas municipales que impulsen la transformación del modelo energético, la adaptación urbana ante fenómenos meteorológicos, la alimentación sana y saludable y la protección, promoción y gestión de espacios naturales, y de biodiversidad urbana”.