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• El equipo de gobierno rechaza, en una segunda sesión plenaria extraordinaria, tres mociones del Grupo Compromís sobre la limitación de los precios de alquiler, la regulación de apartamentos turísticos y el derecho a una vivienda
• Siete entidades ciudadanas toman la palabra para denunciar los problemas existentes en la ciudad para acceder a una vivienda

El Pleno del Ayuntamiento de València ha celebrado este viernes una segunda sesión extraordinaria, a petición del Grupo Compromís, ya que cuenta con los nueve concejales mínimos necesarios para solicitarlo, según recoge el Reglamento orgánico del Pleno. Las tres mociones registradas en el orden del día por el grupo de la oposición han versado sobre la limitación de los precios de alquiler, la regulación de los apartamentos turísticos y el derecho a una vivienda.

Las tres propuestas no han salido adelante al contar con el rechazo de la mayoría de votos del equipo de gobierno municipal, conformado por los Grupos Popular y Vox. En su lugar, el Pleno ha aprobado dos mociones alternativas presentadas por el concejal de Urbanismo, Juan Giner, sobre viviendas turísticas y acceso a la vivienda. La corporación también ha rechazado, con el voto en contra del equipo de gobierno, la solicitud de declarar la ciudad de València como “zona de mercado residencial tensionado”.

Precios del alquiler

En la defensa de su primera moción, la concejala Papi Robles ha alertado del encarecimiento de la vivienda y la reducción de la oferta de alquiler, “que dificultan la emancipación de las personas jóvenes y la permanencia de las familias y las personas mayores en sus barrios”. Ante esta situación, la portavoz del Grupo Compromís ha solicitado al Consell de la Generalitat declarar la ciudad de València “zona de mercado residencial tensionado”, de acuerdo con la ley estatal de vivienda, “para establecer un sistema de control del precio de los alquileres”. Robles ha reprochado a la alcaldesa no haber convocado un pleno municipal sobre la situación del acceso a una vivienda. “Ustedes entienden la vivienda como negocio y nosotros, como un derecho”, ha señalado.

Borja Sanjuán, en representación del Grupo Socialista, ha manifestado su apoyo a la moción del Grupo Compromís y ha reclamado la declaración de la ciudad de València como zona tensionada porque, entre otros aspectos, “el coste de la vivienda supera el 50% de los ingresos de una familia”. “Limiten la avaricia de los fondos buitre. València es hoy una sociedad rota”, ha afirmado.

El concejal de Urbanismo, Juan Giner, ha tomado la palabra para referirse a la normativa aprobada por el Ayuntamiento al respecto y ha formulado una pregunta en voz alta. “Si la solución fuera tan simple como limitar los precios del alquiler, ¿qué político la rechazaría?, ninguno. Pero esta medida no funciona”. “¿Por qué quieren para València una receta que sistemáticamente ha fracasado en otros lugares?”, ha añadido en respuesta a la intervención del concejal Sanjuán. “La única vivienda que no protege es aquella que no se construye”, ha concluido Giner. Ningún concejal o concejala del Grupo Vox ha tomado la palabra en esta sesión plenaria extraordinaria.

La primera propuesta del Grupo Compromís, respaldada por el Grupo Socialista, no ha prosperado ante el voto contrario y mayoritario del equipo de gobierno, integrado por los grupos Popular y Vox.

Viviendas turísticas

La segunda iniciativa registrada por el Grupo Compromís ha vinculado la expansión de los alojamientos turísticos con “la pérdida de vivienda residencial y la presión sobre los precios, la convivencia y los servicios públicos”. El concejal Pere Fuset ha defendido “recuperar pisos para el vecindario” y aumentar la contribución de esta actividad a los gastos de la ciudad. Fuset ha reprochado al Grupo Popular “la supresión de la tasa turística” en el parlamento autonómico y ha pedido la eliminación de “todos los apartamentos turísticos, hay que freírlos a impuestos”.

El texto de la iniciativa plantea modificar el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) para declarar incompatible el uso de vivienda turística en edificios residenciales, previo informe jurídico; exigir a todos estos alojamientos acreditar la compatibilidad urbanística para renovar su inscripción; y recuperar la tasa turística por pernoctación. El representante del Grupo Compromís ha reclamado “declarar València zona tensionada para posibilitar un recargo del IBI de hasta el 150 % a los pisos turísticos”, destinado a vivienda asequible, y establecer una tarifa específica de residuos basada en un estudio de costes.

Javier Mateo, concejal del Grupo Socialista, ha secundado la iniciativa del Grupo Compromís y ha insistido en el “problema gravísimo” del acceso a una vivienda. “Los salarios en València ya no pagan vivir en València”, ha afirmado. “¿De qué sirve una ciudad llena de turistas si está vacía de vecinos? Son los vecinos los que pagan los servicios públicos que disfrutan los turistas. València es nuestra casa y tenemos que defenderla”, ha concluido Mateo desde el estrado.

La alternativa defendida por el concejal de Urbanismo, Juan Giner, que ha resultado aprobada en detrimento de la moción inicial de la oposición, acuerda mantener la aplicación de las normas urbanísticas aprobadas el 31 de marzo de 2026 e impulsar ayudas, con dotación en el presupuesto de 2027, para que las comunidades de propietarios puedan modificar sus estatutos y oponerse a la implantación de alojamientos turísticos en los bajos de edificios residenciales mixtos. Giner ha lamentado la actuación al respecto del equipo de gobierno del anterior mandato municipal y ha defendido la moratoria aplicada por el actual.

El Ayuntamiento contempla promover un convenio con el Colegio de Administradores de Fincas y continuar las inspecciones y la ejecución de las órdenes de cese de apartamentos turísticos ilegales, con la coordinación de las administraciones implicadas.

Protección del vecindario

En la tercera moción, el concejal Ferran Puchades ha defendido reforzar la protección frente a los fondos de inversión y ampliar el parque público. Puchades ha cuestionado la limitación del tanteo y retracto, el cierre de la Oficina pel Dret a l’Habitatge y las permutas de suelo municipal, y ha reclamado recuperar herramientas contra la especulación.

En su propuesta, el concejal del Grupo Compromís ha pedido restablecer el tanteo y retracto, reforzar el asesoramiento jurídico y recuperar la oficina municipal de vivienda; autorizar cargas fiscales sobre inmuebles injustificadamente fuera del mercado; y destinar las viviendas vacías de la Sareb a alquiler social y asequible. Asimismo, Puchades ha planteado garantizar la protección permanente de la vivienda construida en suelo público o adquirida con fondos públicos, no vender ni permutar suelo municipal residencial, limitar las compras especulativas de los fondos buitre y proteger a las personas vulnerables frente a los desahucios sin alternativa habitacional. Borja Sanjuán, en nombre del Grupo Socialista, ha respaldado la moción registrada por el Grupo Compromís.

En sustitución de esta moción, la Corporación ha respaldado la alternativa del Grupo Popular sobre acceso a la vivienda. El acuerdo prevé continuar la tramitación de 18 programas de actuación integrada (PAI) para generar suelo destinado a 13.000 viviendas, de ellas 2.855 de protección pública, y seguir otorgando licencias. Dentro de esta misma alternativa, defendida por el concejal Giner, se incluye dar respuesta a las solicitudes de reversión de apartamentos turísticos a vivienda residencial, permitir la transformación de despachos en viviendas mediante la revisión de las normas del Plan General y regular las viviendas interiores.

El acuerdo plenario también recoge tener en cuenta, en los procedimientos de adjudicación de vivienda pública señalados, el empadronamiento ininterrumpido de al menos cinco años y la nacionalidad española, valorando conjuntamente la residencia efectiva y los vínculos con la ciudad.

Asimismo, la corporación municipal reclama reformas estatales para agilizar los desalojos y endurecer la respuesta penal frente a la ocupación ilegal, perseguir el subarriendo fraudulento, el hacinamiento y la infravivienda, y garantizar que las ayudas al alquiler se destinen a personas con residencia legal en España. Finalmente, el Ayuntamiento contempla reforzar los controles del padrón frente a los empadronamientos fraudulentos

Esta segunda sesión extraordinaria celebrada este viernes ha incluido también una interpelación de la concejala Papi Robles sobre las medidas de los Servicios Sociales municipales para prevenir los desahucios y la exclusión residencial.

Intervención ciudadana

Este segundo pleno ha contado con la participación de diversas entidades y asociaciones ciudadanas. En relación con la propuesta de declaración de la ciudad de València como zona de mercado residencial tensionado y la limitación de los precios del alquiler, han tomado la palabra ante la corporación municipal el Consell de la Joventut de València, representado por Pedro Sabaté; la Associació de Veïnes i Veïns La Torre, por José Luis González; Intersindical Valenciana, por Elida Puig y Beatriu Cardona; la Asociación de Vecinos La Roqueta, por Olga Pradells; la Associació de Veïnes i Veïns de Campanar, por Gregori Fidel y Josep Benlloch; y la Asociación de Vecinos, Cultural y de Consumidores de Patraix, representada por María Herrera. En cuanto a la moción presentada por el Grupo Compromís para garantizar el derecho a la vivienda ha intervenido el Sindicat d'Estudiants, representado por Mario Tercero.

Las distintas organizaciones han coincidido en denunciar los problemas existentes en la ciudad para acceder a una vivienda. Sabaté, por ejemplo, ha destacado “el valor de la juventud de la ciudad de València —como quedó patente en la dana de 2024— que se moviliza para tener derecho a una vivienda digna y adecuada” y ha reclamado al Ayuntamiento “un portal público de seguimiento de los compromisos municipales en materia de viviendas”. El portavoz del Sindicat d'Estudiants ha recordado que “miles de jóvenes que estamos hartos, al no poder acceder a una vivienda, hemos tenido que ocupar espacios públicos de manera permanente y salir a la calle”. “Quien siembra la miseria, recoge la rabia”, ha señalado desde el palco de invitados.

“Estamos sufriendo un brutal aumento de los precios de alquiler”, “es necesaria la declaración de zona tensionada”, “los jóvenes no pueden emanciparse y muchas familias tienen miedo de ser expulsadas de su barrio”, “el acceso a una vivienda debe ser una prioridad real”, “queremos la implementación de una tasa turística”, “menos luces de navidad y más ayudas al alquiler”, son algunas de las frases pronunciadas por los representantes de las entidades cívicas de la ciudad. El portavoz de la entidad vecinal de Campanar ha aprovechado su intervención para mostrar su solidaridad con los vecinos y vecinas de Benimaclet que se han opuesto al PAI aprobado horas antes. La representante de la asociación del barrio de Patraix ha denunciado las molestias que generan al vecindario de la calle Calamocha los quince alojamientos turísticos y la construcción de una piscina en un terreno no permitido.