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• El Pleno ha defendido que el encargo realizado a Kathryn Gustafson se sea objeto de consulta pública

• En el Hemiciclo también se ha acordado “construir o adquirir viviendas con el fin de llegar a las 1.000 anunciadas al inicio del presento mandato”

• Asimismo, se ha aprobado una moción presentada por el grupo municipal Socialista contra la LGTBIfobia

“El Ayuntamiento de València, integrado en la Sociedad Parque Central y de forma coordinada con esta, continuará impulsando el encargo realizado a la paisajista y autora del proyecto del Parque Central, Kathryn Gustafson, para que su actualización sea objeto de un proceso de participación pública”.

Así lo ha acordado el Pleno y, en palabras del concejal de Urbanismo, Juan Giner, “así se hará, con el fin de generar el nuevo pulmón verde del sur de la ciudad y que el bulevar García Lorca se convierta en una vía de comunicación con sentido común, compatible con las necesidades de movilidad de la zona, que contará con 4.000 nuevas viviendas”.

Este acuerdo se ha aprobado como alternativa a una propuesta del grupo socialista, con los votos del equipo de gobierno y sin el respaldo de la oposición. Durante su debate, también se ha escuchado la voz de la Plataforma “Corredor Verde”, que “avalada con más de 40.000 firmas”, ha “exigido que el soterramiento de las vías del tren permita la construcción de un gran jardín y no un autopista”.

En nombre del Grupo Municipal Socialista, la concejala María Pérez ha propuesto que “el Ayuntamiento fomente un proceso de participación pública para que la ciudadanía pueda expresar sus necesidades y que el equipo de Gustafson también rediseñe el proyecto de urbanización de la zona e incluya vivienda dotacional”. La moción socialista también ha solicitado que “se recupere un informe de movilidad existente que garantizaba el acceso a las viviendas”.

En la misma línea, el concejal de Compromís Sergi Campillo ha defendido que “con esta actuación el Ayuntamiento tiene una oportunidad de oro, como lo fue la conversión del antiguo cauce del río en el actual jardín del Túria, para diseñar esta zona de València con una visión climática y convertirla en un espacio amable para el vecindario”. “Con el proyecto que defiende el equipo de gobierno València tendrá una avenida de coches y no un corredor verde”, ha lamentado.

Por su parte, el concejal de Urbanismo, Juan Giner, ha asegurado la participación ciudadana en este proyecto, “que garantizará un espacio verde compatible con las necesidades básicas de seguridad, accesibilidad y movilidad de la zona”. “Trabajamos por dar una solución a los barrios del sur de la ciudad, con zonas verdes, accesos seguros y las dotaciones públicas necesarias”, ha concluido.

Moción contra la LGTBIfobia

El Pleno ha aprobado también, con los votos a favor de PSPV-PSOE y Compromís, la moción presentada por el grupo municipal Socialista contra la LGTBIfobia y ha rechazado, con los votos en contra del equipo de gobierno y una abstención, la moción presentada por Compromís para instar a la alcaldesa a mostrar su rechazo a los recortes en la Ley trans valenciana.

Antes del debate conjunto de estas dos mociones, en el Pleno han intervenido varios representantes de colectivos afectados para mostrar su rechazo a las enmiendas “regresivas” de la Ley 8/2017 de la Comunitat Valenciana que mañana se votarán en las Corts Valencianes. Así, la presidenta de la Federación Estatal LGTBi+, Paula Iglesias, tras relatar diversos casos de acoso y violencia contra personas trans, ha pedido un “compromiso real” de las administraciones y las políticas públicas a través del cual “se proteja al colectivo frente el auge actual del odio que se ceba sobre todo contra jóvenes trans”. 

Por su parte, Juan Francisco Fernández, coordinador general de Lambda, ha interpelado directamente a la alcaldesa, María José Catalá, respecto de la votación de la modificación de la ley de mañana que “supone un ataque directo a los derechos de las personas trans, especialmente menores, introduce terapias de conversión ilegales, institucionaliza el derecho a discriminar y la convierte en un apartheid trans”.

Asimismo, Javier Gil de Samarucs ha denunciado ante el Pleno “el miedo que pasan las personas trans víctimas de LGTBIfobia porque tener identidad es un riesgo”, ya que “pueden ser acosadas o ser agredidas en el gimnasio, en la calle o en el trabajo y para pasar desapercibidas tienen que fingir”. En su intervención, Gil también ha citado datos sobre delitos de odio, segunda causa a nivel nacional, así como que se han triplicado los delitos relacionados con la identidad de género.

Raquel Viguer de la asociación Chrysallis, quien también ha intervenido en el Pleno en representación de las familias con hijos e hijas trans, ha narrado mediante casos reales las dificultades a las que se enfrentan los menores y adolescentes trans, “las burlas y el acoso” al que están sometidos en su día a día. Viguer ha indicado que las enmiendas que se pretenden introducir en la ley se han elaborado sin consultar con especialistas, ponen en peligro la salud transgénero, se elimina el protocolo de acompañamiento al alumnado trans, una de las acciones más importantes con la que contábamos, e implicarán mayor vulnerabilidad y desprotección”.

Finalmente, Chelo Valls, representante de Orriols en Lucha y CCOOPV, ha destacado que las enmiendas que se votarán mañana en Les Corts van en contra de las personas y menores trans, de la diversidad sexual e identidad de género, de los programas educativos y de los derechos humanos. Asimismo, Valls ha afirmado que “ponen al mismo nivel a acosadores y acosados”, y ha pedido que mañana “las personas estén por encima de la disciplina de voto y que sus gobernantes les protejan”.

Tras estas intervenciones, Nuria Llopis, del grupo socialista PSPV-PSOE, ha afirmado que “por desgracia la LGTBIfobia sigue presente” y ha propuesto al Pleno “reforzar mecanismos municipales de protección; condenar públicamente la modificación regresiva de la Ley 8/2017 de la Comunitat Valenciana; impulsar campañas de sensibilización permanentes, especialmente en el entorno educativo; reforzar con más recursos a la Oficina de No Discriminación; y establecer un sistema de recogida de datos e indicadores propios a nivel municipal sobre delitos de odio por orientación sexual e identidad de género”.

Por su parte, Luisa Notario, en representación de Compromís, ha señalado que “deberíamos hablar de avances en derechos, pero otra vez estamos hablando de retrocesos y es que el PP de la mano de Vox ha empezado la mayor campaña de recortes en derechos que tendrán consecuencias en la vida de las personas”. Según ha explicado Notario la Ley 8/2017 nos situó a la vanguardia de los derechos humanos y ahora se va a desmantelar y se va a dejar a las personas trans en situación de vulnerabilidad”. La concejala de Compromís también ha pedido a la alcaldesa “que se posicione porque van a equiparar los derechos trans con la transfobia y ha concluido que no pueden ser moneda de cambio para mantener a Mazón y así tapar su incapacidad en la gestión de la dana”.

Asimismo, Rocío Gil, representante del grupo municipal popular, quien ha lamentado no haber podido presentar una moción alternativa por no haber podido llegar a un acuerdo, ha puesto de manifiesto “el compromiso firme e inequívoco del equipo de gobierno con el colectivo LGTBIQ+ y el respeto a la autodeterminación de género” y ha afirmado que “todas las personas que quieran se podrán inscribir en los Gay Games en total libertad”. En su discurso, Gil ha explicado las acciones que el Ayuntamiento de València está llevando a cabo en defensa de la actividad y los derechos LGTBIQ+.

Finalmente, el portavoz de Vox, José Gosálbez, en su discurso ha defendido la reforma de la ley, ya que según ha afirmado con las enmiendas “se ha vaciado de contenido ideológico e imposiciones totalitarias y ahora sí se garantiza la igualdad y la libertad”.

Derecho de tanteo y retracto

Seguidamente, el Pleno ha decidido que “el Ayuntamiento, en el marco del Plan +Vivienda, continuará, de forma directa o indirecta, construyendo o adquiriendo viviendas con el fin de llegar a las 1.000 anunciadas al inicio del presente mandato”.

Esta propuesta del equipo de gobierno se ha aprobado, sin el respaldo de la oposición y como alternativa a una moción del Grupo Municipal Compromís que ha solicitado, por ejemplo, que “el Ayuntamiento se comprometa a ejercer su derecho de tanteo y retracto, de preferencia para adquirir, el edificio del barrio de La Torre en el que una sociedad de inversión inmobiliaria aspira a comprar 134 viviendas”.

“Queremos que el Ayuntamiento incorpore estas viviendas al parque público de alquiler social y que inste a la Generalitat para que defienda el tanteo y retracto como una herramienta legal para frenar la especulación y garantizar el acceso de la ciudadanía a una vivienda digna”, ha defendido la portavoz de Compromís, Papi Robles.

El portavoz del Grupo Municipal Socialista, Borja Sanjuan, que se ha sumado a esta propuesta, ha lamentado que, “actualmente, en València, las viviendas se tratan como materia prima, como si fuera trigo o carbón” y ha asegurado que “si el Ayuntamiento interviniera los fondos buitres no vendrían a especular”. “Lo que plantea esta moción es una política en legítima defensa para defender que la ciudad no es un tablero del Monopoli”, ha afirmado el edil socialista.

El concejal de Urbanismo, Juan Giner, ha asegurado que “al hablar de la situación crítica de la vivienda y de las dificultades que encuentra la ciudadanía para acceder a una vivienda hay que hablar del problema estatal generado por la Ley de la Vivienda aprobada por el gobierno central”. Po otra parte, el edil ha hablado de la inversión realizada por el ejecutivo local en los últimos dos años (44,3 millones de euros) y de las medidas municipales adoptadas para facilitar el acceso a la vivienda.

Las personas sin hogar

Durante la sesión plenaria se ha debatido también sobre la situación de las personas sin hogar en la ciudad, al hilo de la moción que ha presentado la concejala del grupo municipal Compromís Lucía Beamud. La moción planteaba, entre otras propuestas, la “implementación y evaluación anual de todas las acciones aprobadas en la Estrategia de intervención social con personas sin hogar ciudad de valencia 2022 – 2027”, y la creación de una comisión permanente de asentamientos y de personas sin techo en el Consejo de Derechos Sociales.

Antes del debate, han tomado la palabra representantes de distintos colectivos sociales en apoyo de la moción de Compromís, y en contra de los desalojos de personas sin hogar. David Calabuig, de la Asociación Intercultural Candombe y ex trabajador del albergue de El Carmen, de baja exigencia ha denunciado “los desmantelamientos de los asentamientos sin ofrecer una solución alternativa real, dado que tanto el CAST como el CAI están desbordados y no tienen plazas que ofrecer”. Por su parte, dos personas en situación de calle han intervenido ante el Plenario, a través de Intersindical Valenciana, y han anunciado la próxima creación de la primera Asociación de Personas Sin Techo de España, que va a comenzar a funcionar en València en breve.

La concejala Lucía Beamud ha denunciado “el desmantelamiento de los servicios sociales municipales”, y ha subrayado que “la pobreza no es un decorado que se puede retirar y llevarlo a los barrios periféricos de la ciudad”. Por su parte, la concejala Maite Ibáñez, del grupo municipal Socialista, ha criticado “la falta de respuestas sociales” y que solo se ofrecen “redadas policiales”. Además, ha asegurado que “el personal de Servicios Sociales no puede más, hay 123 plazas vacantes sin cubrir”.

La concejala de Servicios Sociales, Marta Torrado, ha rechazado todas estas críticas y ha acusado a Compromís y PSPV de “usar la miseria de manera torticera para ahogar al Ayuntamiento porque las personas les dan igual”. Torrado ha asegurado que el gobierno municipal duplicará los recursos que el ejecutivo anterior dedicaba al colectivo de personas sin techo, y ha anunciado la próxima adjudicación de 650.000 euros para actuaciones en infraviviendas y asentamientos, así como la próxima puesta en uso de 80 plazas de acogimiento nuevas. La moción ha sido finalmente rechazada, al no obtener mayoría suficiente de votos, puesto que PP y Vox han votado en contra.

Mociones por Palestina

Representantes de la comunidad palestina en València han participado este martes como invitados en el Pleno del Ayuntamiento para lanzar "un grito por la paz" y denunciar el "genocidio" que está cometiendo Israel en la franja de Gaza, que ha causado "más de 60.000 muertos".

Originariamente, el Grupo Socialista ha presentado una moción "en apoyo al pueblo palestino y por la defensa de los derechos humanos en Gaza", en la que pedía, entre otros puntos, que el Ayuntamiento de València condenase "firmemente el genocidio cometido por el Estado de Israel en la Franja de Gaza, por constituir una violación sistemática del Derecho Internacional Humanitario y un castigo colectivo que ha provocado decenas de miles de muertes civiles".

A esta iniciativa, el Grupo Compromís ha propuesto una moción complementaria, en la que insta al Pleno la condena por el "genocidio, los asesinatos y los bombardeos cometidos por Israel", además de señalar como "cómplices" a aquellos que no condenan el "genocidio".

El grupo Popular ha presentado un texto defendido en el hemiciclo por la concejala Paula Llobet, en el que, entre otros puntos, ha defendido "el compromiso de València con los derechos humanos" y ha propuesto "condenar con firmeza los ataques terroristas de Hamás del 7 de octubre de 2023, que provocaron la muerte de más de 1.250 civiles, así como el secuestro de cientos de personas".

En esa línea, Llobet solicitaba "al Gobierno de Israel el cese inmediato de todas las actividades militares contra la población civil palestina y el respeto al Derecho Internacional Humanitario". Además, ha exigido que "Hamás y otros grupos armados en Gaza liberen inmediatamente a los civiles israelíes y extranjeros retenidos como rehenes, e Israel libere a las personas detenidas arbitrariamente".