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El Ayuntamiento de València se muestra contrario a los peajes y pide la gratuidad de la A-7

El Pleno de la Corporación ha aprobado también una moción sobre el acceso universal a la vivienda

• La autopista A-7

27/05/2021

El Pleno del Ayuntamiento, con los votos a favor de todos los grupos y la abstención de Vox, pide que se consolide la gratuidad de la autopista AP-7 y expresa su oposición a la instauración de peajes generalizados que afecten las carreteras valencianas. La posición del Pleno se ha producido a raíz de una propuesta inicial de Compromís, consensuada en el equipo de gobierno municipal. El plenario pide también instar en el gobierno de España a “agilizar las inversiones necesarias para la mejora de la red de cercanía de la ciudad de València y accelerar el corredor mediterráneo, así como garantizar una financiación no discriminatoria del transporte público”.

El plenario ha decidido “instar al gobierno del Estado a consensuar con las comunidades autónomas, y en concreto con la valenciana, las políticas de movilidad. El consistorio considera que el pueblo valenciano ya ha soportado décadas de pago de peajes así como la necesidad de garantizar la equidad y la justicia social de los sectores más vulnerables”.

Carlos Galiana, concejal que ha presentado la propuesta, considera que “cada año de peaje en la autopista A-7 nos ha costado a los valencianos 300 millones de euros” y ha pedido inversiones públicas “en el transporte metropolitano, en la red ferroviaria de cercanías de València o en la conexión entre Gandia y Dénia”.

 

PLAN DE EMPLEO JUVENIL

 

El Pleno Municipal ha aprobado en la sesión de hoy desarrollar un Plan municipal de empleo juvenil, dirigido a un centenar de jóvenes, y trabajar en la preparación de un nuevo programa de formación en tecnologías certificadas. “Todo ello sumado a los programas de formación existentes que se seguirán desarrollando, ofreciendo así adaptación y mejora formativa para aumentar la capacitación y empleabilidad”. Así se especifica en el texto de la moción que ha aprobado la Corporación, y que ha presentado la concejala de Juventud, Maite Ibáñez, como alternativa a la moción inicial que había planteado la concejala del grupo municipal Ciudadanos Rocío Gil.

La propuesta alternativa ha sido aprobada por el Gobierno municipal, aunque los grupos de oposición han votado en contra. La propuesta de la concejala Ibáñez recoge la voluntad de “seguir apostando por políticas activas de empleo juvenil, optando a todas las convocatorias de ayudas, planes de empleo, etc. planteadas por diversas administraciones e instituciones” y “continuar impulsando políticas que favorezcan la emancipación, como la reserva en todos los barrios de la ciudad de viviendas dotacional asequibles destinadas a menores de 35 años”.

La concejala Maite Ibáñez ha destacado el Plan Juventud València 2019-2023, concebido “como una planificación dinámica y, como tal, sometido a las evaluaciones anuales que se realizan sobre su implementación. Por lo tanto, se impulsarán medidas de adaptación y actualización, tanto desde la supervisión técnica como desde la revisión de la planificación estratégica, ante la aparición de nuevos escenarios, tal y como se está realizando actualmente”. Finalmente, la moción aprobada prevé “impulsar la representación del Consell de la Joventut de València dentro del Consell Social de la Ciutat, por lo que que se estudiará la posibilidad de modificar el Reglamento de Transparencia y Participación Ciudadana, para ampliar el número de miembros”.

La concejala de Ciudadanos Rocío Gil ha señalado que “ésta es la segunda vez que la juventud se enfrenta a una crisis económica, una crisis que está teniendo graves efectos en la juventud valenciana”, ha afirmado, por lo que ha señalado “la necesidad de que las políticas de juventud estén en el centro de la gestión”. Maite Ibáñez ha recordado que el Gobierno municipal ha triplicado el presupuesto en materia de empleo, y ha señalado a las personas menores de 35 años como colectivo “prioritario” de cara al alquiler y al acceso a la vivienda asequible

ACCESO UNIVERSAL A LA VIVIENDA

Finalmente, el Pleno de la Corporación ha aprobado también una moción sobre el acceso universal a la vivienda, que ha sido respaldada por la práctica totalidad del Hemiciclo (han votado a favor los concejales del Equipo de Gobierno, de Ciudadanos y del PP, salvo Vox, que se ha abstenido). El acuerdo plenario busca dar impulso a la “búsqueda de soluciones y medidas de acción positiva en el ámbito de las competencias de las Concejalías de Servicios Sociales, Desarrollo, Renovación Urbana y Vivienda para facilitar la accesibilidad universal a las viviendas en las comunidades de vecinos o viviendas unifamiliares, y el derecho a la autonomía personal de las personas con discapacidad y la priorización de las actuaciones de accesibilidad en las políticas, estrategias y acciones públicas sobre agenda urbana sostenible”.

El concejal Javier Copoví, del Grupo Municipal Ciudadanos, ha presentado una moción, que ha sido modificada y complementada por el Equipo de Gobierno, en los términos que ha señalado la concejala de Bienestar Social, Isabel Lozano,y que finalmente ha recogido este compromiso para solicitar “la accesibilidad universal a la vivienda de las personas con discapacidad”, y en la que se ha acordado instar a la Generalitat a “promover soluciones, medidas de acción positiva y se habiliten fondos económicos suficientes destinados a sufragar programas de ayudas y subvenciones públicas para la reforma, rehabilitación y acondicionamiento de edificios de viviendas en materia de accesibilidad universal sometidos a la Ley de la Propiedad Horizontal”.

También se ha acordado instar al Gobierno de España a modificar la ley 49/1960 del 21 de Julio Ley de la Propiedad Horizontal y el Real Decreto legislativo 7/2015 del 30 de Octubre Ley del Suelo y Rehabilitación urbana “al objeto de garantizar plenamente el acceso en condiciones de dignidad y adecuación a las personas con discapacidad y personas mayores a una vivienda, con la total asunción de costes de accesibilidad por parte de la comunidad como sucede con otras obligaciones como las derivadas de las condiciones estructurales, de estanqueidad, habitabilidad y seguridad”.

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