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El Ayuntamiento de València solicitará al gobierno español que la Sareb (sociedad creada en 2012 para vender propiedades que han pasado a manos de los bancos por impago de hipotecas u otros problemas de solvencia económica) “se convierta en una herramienta social para hacer efectivo el derecho a la vivienda”. También pedirá al Consell de la Generalitat que realice un seguimiento de estas situaciones. Así lo ha acordado hoy el Pleno al aprobar una moción presentada por el equipo de gobierno municipal para instar al ejecutivo central para que la Sareb ceda la gestión de las viviendas al Ayuntamiento con el fin de que estas se destinen a alquiler social. “Y así, evitar actuaciones que no tienen en cuenta el drama social de las personas que habitan los inmuebles víctimas de la especulación, de desahucio de familias vulnerables o que sufren cláusulas abusivas en los contratos, entre otras situaciones”.
 

A este respeto, el Pleno ha decidido pedir, entre otras cuestiones, que se habiliten mecanismos legales para posibilitar la suspensión de manera indefinida de estos procedimientos de desahucio, y que se designe un organismo para el seguimiento de la actividad de la mencionada sociedad (Sareb) y la comprobación del cumplimiento de sus objetivos, ahora que es una entidad pública.

Esta propuesta, presentada por la vicealcaldesa y concejala de Desarrollo Urbano, Sandra Gómez, y la concejala de Vivienda, Isabel Lozano, que han hablado en nombre de los dos grupos que conforman el equipo de gobierno, ha sido aprobada sin el apoyo de los grupos de la oposición. Se ha debatido conjuntamente con otra moción, defendida por el portavoz de Ciudadanos, Fernando Giner, “con medidas para favorecer y facilitar el acceso a la vivienda”, que solo ha recibido el apoyo del Grupo Popular y no ha prosperado.

En su intervención, la vicealcaldesa y concejala de Desarrollo Urbano, Sandra Gómez, ha reflexionado sobre “la importancia de las políticas públicas para incrementar el parque de vivienda pública de la ciudad, que durante 20 años estuvo abandonado”. “Desde 2015 hemos trabajado para enmendar esta carencia y poder ofrecer unas 2.000 viviendas asequibles, ha recordado Gómez, al subrayar que, “también hay que luchar contra la especulación y pedir un cambio a la empresa Sareb para que deje de especular”.

En la misma línea, se ha manifestado la concejala de Vivienda, Isabel Lozano, quien ha argumentado que “la igualdad de las personas empieza para disponer de una vivienda para poder desarrollar una vida con dignidad”, y se ha hecho eco de algunas medidas implementadas con este objetivo como el incremento (hasta 4 millones de euros) de las ayudas para que la ciudadanía pueda hacer frente al pago de las viviendas”. “Ahora es el momento de exigir a la Sareb que sea un instrumento para garantizar el derecho a la vivienda y que ceda las viviendas a las administraciones públicas”, ha afirmado Lozano.

Por su parte el portavoz de Ciudadanos, Fernando Giner, que ha tildado de “fracasados” los planes urbanísticos del equipo de gobierno, ha defendido algunas de las medidas presentadas por su grupo “para paliar el actual incremento del precio de la vivienda”, entre las cuales ha destacado, por ejemplo, "la de aumentar la partida destinada a las ayudas al alquiler en el Presupuesto de 2023”. Giner también ha sugerido la cesión de suelo municipal a AUMSA para construir viviendas de protección pública, la compra de viviendas para el alquiler social, y el estudio para habilitar bajos como viviendas.

El grupo Vox no se ha manifestado al respeto, y el regidor del PP, Juan Giner, ha lamentado que “todos los datos relacionados con la vivienda en la ciudad de València evidencian el fracaso de la gestión de este tema del actual equipo de gobierno”.

Protección de las víctimas de la violencia de género

También a propuesta del equipo de gobierno, el Pleno ha acordado, con los votos a favor del equipo de gobierno y de Ciudadanos, la abstención del PP y el rechazo de Vox, que el Ayuntamiento apoyará a las movilizaciones convocadas por el Movimiento Feminista con motivo del 25N, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Además, se ha expresado “un sentido recuerdo en memoria de todas las mujeres asesinadas por violencia de género” y “el rechazo a todas las agresiones y tolerancia cero con los maltratadores”.

El documento aprobado ha sido objeto de debate junto con una propuesta de Ciudadanos que, a pesar de que no ha recibido el visto bueno del Pleno, ha modificado el texto inicial del equipo de gobierno que también ha añadido, fruto del debate, una enmienda para instar a los poderes públicos a la revisión de la ley Orgánica 10/2022, de garantía integral de la libertad sexual, o conseguir una unificación de doctrina para que la aplicación de esa ley no suponga la desprotección de las víctimas de la violencia de género.

Según el texto de la moción inicial, defendida en el Pleno por la concejala de Igualdad y Políticas de género y LGTBI, Lucía Beamud, y la concejala Elisa Valía, el Ayuntamiento pedirá a instancias superiores que se agilice el proceso de renovación y actualización del Pacto Valenciano contra la Violencia de género y Machista y el del Pacto de Estado contra la Violencia de género. La corporación local también solicitará, entre otras cuestiones, que se reforman las leyes para que estén reflejadas todas las formas de violencia de género contra las mujeres.

La concejala de Ciudadanos, Rocío Gil, ha defendido la moción presentada por su grupo que se ha adherido a la declaración institucional de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y presentar enmiendas a la propuesta de gobierno, que han sido aceptadas. Entre estas se encuentran la de revisar las ordenanzas para que las víctimas de la violencia no paguen la tasa de cementerio, o la de tramitar que las extranjeras que han sido víctimas de la violencia de género reciban ayuda y auxilio en la oficina de extranjería de la Delegación de Gobierno.

Barrio de Beteró

La situación del Barrio de Beteró también ha centrado la atención del Pleno Municipal. La corporación ha aprobado una moción presentada por el equipo de gobierno, como alternativa a una del Grupo de Ciudadanos en la que se solicitaba una intervención integral municipal en el barrio. En esta moción alternativa se insta a que “el Ayuntamiento estudie nuevas actuaciones que continúen mejorando la calidad de vida del barrio de Beteró, como las que se están llevando a cabo actualmente” y entre las que se enumeran la renovación del entorno de la estación del Cabanyal y la rehabilitación de viviendas con fondos Next Generation. La moción ha recibido el voto a favor del equipo de gobierno, el voto en contra del Grupo Popular y de Vox y la abstención de Ciudadanos.

Equipamientos y Servicios de Benimaclet

Por otra parte, el Pleno ha decidido que “el Ayuntamiento continuará avanzando, mediante el encargo realizado a AUMSA aprobado en la Junta de gobierno del 3 de diciembre de 2021, en la revisión del área Funcional 18, con los criterios de planeamiento ya reflejados en este encargo, para adoptar un modelo de ciudad sostenible, que mejore la calidad de vida de sus ciudadanos y garantice el derecho a la vivienda y las necesidades de equipaciones y servicios de toda la población de Benimaclet”.

Este acuerdo se ha adoptado como alternativa a la propuesta subscrita por la portavoz del PP, María José Catalá, para impulsar el PAI de Benimaclet. En este punto ha intervenido, en nombre de la entidad Gent de Benimaclet, Vicente Lillo que ha reclamado que se impulse el PAI de Benimaclet y ha denunciado problemas de inseguridad en la zona no urbanizada.

Gestión de la EMT

Por último, en el Hemiciclo se han rechazado dos mociones relacionadas con la gestión de la Empresa Municipal de Transporte. Una presentada por el concejal de Vox, Vicente Montáñez, para pedir el cese inmediato del presidente de la EMT, el concejal Giuseppe Grezzi, y otra defendida por concejal popular, Carlos Mundina, que ha ampliado esta petición para todos los consejeros del equipo de gobierno en la mencionada empresa, así como la intervención municipal.

El alcalde de València, Joan Ribó, ha cerrado este debate haciéndose eco “de la valoración favorable que hacen los usuarios y usuarias de la EMT”. Ribó también ha hablado, entre otros asuntos relacionadas con la gestión de esta empresa, “de la renovación de la flota de autobuses, del incremento de la plantilla y de los efectos de la pandemia que ha supuesto un descenso de los ingresos y un aumento de los gastos”. “Nosotros queremos que la EMT sea un servicio público y no un negocio”, ha concluido tras reiterar su intervención “de contar con una ley para la financiación del transporte público”.

Por otra parte el Pleno ha rechazado dos mociones presentadas por el portavoz del Grupo Municipal de Vox, José Gosálbez. En la primera de ellas solicitaba la implantación de criterios favorecedores para la concesión de prestaciones sociales a familias valencianas con escasos recursos mediante requisitos como tener la nacionalidad española o de algún país comunitario o tener residencia legal en España. La moción ha sido rechazada con el voto en contra del equipo de gobierno y de Ciudadanos, la abstención del Grupo Popular y el voto a favor de los dos concejales de Vox. Tampoco se ha aprobado la moción alternativa que a este punto había presentado el Grupo de Ciudadanos.

La segunda moción del portavoz de Vox solicitaba que se ponga en marcha un proyecto de atención a mujeres embarazadas en situación de vulnerabilidad proporcionando alojamiento, manutención y ayudas. La propuesta ha sido rechazada con el voto en contra del equipo de gobierno y el voto a favor de los grupos de la oposición.

El Pleno ha debatido también una moción presentada por el Grupo Popular para que el Ayuntamiento inste al Gobierno de España “a retirar de manera inmediata la iniciativa presentada por el PSOE y Podemos, así como a no llevar a cabo ninguna modificación del Código Penal que suponga derogar o modificar el delito de sedición”. La moción ha sido rechazada con el voto en contra del equipo de gobierno y el voto a favor de los grupos de la oposición.