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• El gobierno municipal asume en 2024 y 2025 el impacto de la sentencia del Tribunal Constitucional que acabó con la moratoria y termina el año con el saldo pendiente por expropiaciones rogadas a cero
• Juan Giner “Esta factura se habría podido minorar si el anterior ejecutivo hubiera incorporado esos suelos en planes urbanísticos que se hubieran traducido en más oferta de viviendas en la ciudad”

El Ayuntamiento de València ha pagado 46 millones de euros en expropiaciones rogadas en 2024 y 2025 al absorber de golpe el efecto de la sentencia del Tribunal Constitucional de finales de 2023 que levantó la moratoria autonómica vigente desde 2012. El equipo de gobierno termina el año sin obligaciones pendientes derivadas de los once años en los que ha estado en vigor dicha moratoria, “en los que apenas se activaron planes y unidades de ejecución que hubieran permitido gestionar esos suelos como parte del desarrollo urbanístico y no como expropiaciones forzosas, con lo que la factura hubiera sido menor”, ha asegurado el concejal de Hacienda, Juan Giner.

En concreto, en 2024 se abonaron 8,3 millones de euros a los que se han sumado otros 38.713.749,49 euros pagados en 2025, lo que eleva a unos 46 millones de euros el montante que el actual equipo de gobierno, cuyo mandato se inició apenas unos meses antes de la sentencia del Constitucional, ha tenido que afrontar por expropiaciones rogadas previas a dicha sentencia.

Con la declaración de inconstitucionalidad de las sucesivas prórrogas aprobadas por la Generalitat para suspender los plazos de las expropiaciones rogadas, los ayuntamientos han tenido que reactivar de inmediato estos expedientes. En el caso de València, la previsión inicial elevaba el impacto potencial en torno a 51 millones de euros, aunque cabe precisar que en los próximos meses podrían llegar nuevas resoluciones del Jurado Provincial de Expropiación Forzosa que generarían obligaciones adicionales a los 46 millones de euros abonados hasta el momento.

A juicio de Giner, esa factura se hubiera podido minorar con una estrategia correcta de activación de planes y unidades de ejecución tras la crisis que incluyeran los suelos dotacionales afectados. De ese modo, una parte significativa de esos terrenos ya estaría integrada en desarrollos urbanísticos y no pendiente de expropiación rogada.

Cabe recordar que la legislación urbanística permite a los propietarios instar la expropiación desde que el planeamiento califica su suelo como dotacional público (colegios, centros de salud, jardines, viales), mientras que esa parcela no se haya incluido en una unidad de ejecución urbanística y siempre que hayan transcurrido al menos cinco años sin que el Ayuntamiento haya iniciado el expediente de expropiación.

Oportunidad perdida

La consecuencia es que, tras levantarse la suspensión, la ciudad ha tenido que afrontar de forma concentrada una factura millonaria que podría haberse mitigado si durante la última década se hubieran impulsado nuevas unidades de ejecución y planes especiales para canalizar estos suelos dentro del aprovechamiento urbanístico en lugar de mantenerlos bloqueados como suelo dotacional pendiente de expropiación en plena crisis habitacional.

En opinión del concejal de Urbanismo, “el anterior equipo de gobierno perdió la oportunidad de transformar una parte sustancial de esos suelos dotacionales en motores de nuevos desarrollos residenciales, con cesiones obligatorias a la ciudad y más vivienda disponible”. “Los vecinos y vecinas de València están pagando por duplicado las consecuencias de una década perdida en términos de gestión de suelo, tanto por la factura municipal que ha supuesto esa falta de previsión como por las viviendas que hoy podrían aliviar la fuerte presión sobre los precios”, sostiene Giner.

Según explica el edil, en estos años se aprobaron muy pocos planes que permitieran generar cesiones de suelo y aprovechamientos suficientes como para compensar a los propietarios sin recurrir al pago en metálico. “Los 46 millones que el Ayuntamiento ha tenido que pagar son la expresión cifrada de la falta de planificación del gobierno del PSPV y Compromís como consecuencia de un discurso ‘antiurbanista’ y trasnochado con el argumento de que en la ciudad sobraba suelo tras la burbuja inmobiliaria y los PAI bloqueados por ellos mismos”, asegura el responsable de Urbanismo.

La alternativa que se plantea ahora es precisamente la que se dejó pasar: impulsar planeamiento para que sea el propio aprovechamiento urbanístico el que genere el suelo público necesario, evitando así futuras expropiaciones rogadas. En la práctica, esto supone que, en cada desarrollo, una parte del suelo se cede a la administración y, a cambio, se incrementa la edificabilidad o el valor del resto del ámbito, lo que permite compensar económicamente a los propietarios sin que el Ayuntamiento tenga que comprar directamente cada parcela.

Un ejemplo de este enfoque es el plan especial del entorno de Sant Miquel dels Reis, impulsado por el actual equipo de gobierno pero que de haberse tramitado antes habría permitido incorporar esos suelos a una unidad de ejecución, aumentar la edificabilidad para incrementar su valor y, al mismo tiempo, generar vivienda nueva y dotaciones sin tener que acudir a la expropiación rogada.