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La Junta de Gobierno Local ha aprobado una moción a partir de la cual el Ayuntamiento va a iniciar el estudio del régimen urbanístico que han de tener los llamados apartamentos turísticos, un fenómeno no contemplado, por inexistente en aquel momento, en el PGOU de 1988. Según ha informado el concejal Joan Calabuig, el periodo para determinar el régimen específico aplicable a este tipo de viviendas turísticas para regular su actividad tanto en aspectos fiscales como para evitar fricciones y problemas con los vecinos podría prolongarse un año, durante el cual se aplicará la normativa actualmente vigente.

Calabuig ha puntualizado que “no hay ninguna razón para hacer una normativa hostil” en relación con una actividad, los apartamentos turísticos, que está presente en todas las ciudades, sino llevar a cabo una regulación que compatibilice su funcionamiento con la estricta legalidad y evite las molestias a los vecinos de los edificios donde funcionen estos apartamentos turísticos. Según el concejal, “es un trámite complicado con muchas variantes, matices y vertientes en el que queremos que haya la máxima participación de los vecinos y de los ciudadanos, además de la Generalitat y del sector hotelero, para que el resultado, con una normativa urbana que contemple este fenómeno, sea lo más equilibrado posible”.

Calabuig ha añadido que “por eso se encarga a la Dirección General de Ordenación Urbanística el estudio del actual régimen urbanístico que es aplicable al uso de las viviendas turísticas en el planeamiento vigente, lo que provocará una modificación del régimen urbanístico de la ciudad que contemple una regulación urbanística y diferenciada de este uso urbanístico”

En opinión del responsable del turismo en la ciudad, “Lo absurdo sería actuar como si no existiese” una actividad que “no tenemos ninguna posibilidad real de impedir”, ha señalado Calabuig, por lo que el Ayuntamiento opta por “definir y regular esta nueva actividad, controlar su funcionamiento tanto fiscalmente como con el objetivo de evitar fricciones con la ciudadanía”.

PAGO A PROVEEDORES EN MENOS DE NUEVE DÍAS

En su comparecencia tras la Junta de Gobierno Local, Joan Calabuig ha informado del nuevo descenso del periodo de pago a proveedores hasta una media de 8’68 días, “lo cual quiere decir de que ha habido un proceso muy sustancial de mejora que tiene dos ventajas muy importantes: contribuir al funcionamiento correcto y competitivo de las empresas que tienen relación con esta institución pública, y en segundo lugar, se ahorra el ayuntamiento pagos de demora que en los últimos años llegaban a los siete u ocho millones anuales, unas cantidades muy elevadas que con una gestión eficiente ya no habremos de pagar”.

También ha informado de la moción conjunta del propio Joan Calabuig, del concejal de Gobierno Interior, Sergi Campillo y del de Administración Electrónica, Pere Fuset, por la cual “vamos a hacer un cambio importante para la simplificación de los procesos administrativos y especialmente los de carácter electrónico. La idea es mejorar todos los trámites y gestiones que el ciudadano puede realizar con el Ayuntamiento de Valencia para hacerlos más ágiles y eficientes”.

“Queremos controlar mejor todos los procedimientos internos para que puedan ser más eficientes y más ágiles- ha añadido Calabuig- , mejorar la calidad del servicio, además de conseguir una simplificación administrativa de los procesos y dar más transparencia y seguridad jurídica a los ciudadanos, de manera que puedan conocer con más claridad los plazos de presentación y los procedimientos en que están inmersos”

MALA GESTIÓN ANTERIOR

Calabuig también ha informado de que el Ayuntamiento de Valencia se verá obligado a pagar aproximadamente dos millones de euros a la empresa Cleop, que fue concesionaria del servicio de grúa, “por culpa de la mala gestión del gobierno municipal del Partido Popular”, ya que el Depósito Sur continuó lleno de vehículos y con el personal trabajando durante los seis meses siguientes a que el ayuntamiento anterior rescindiera la concesión del servicio a Cleop. La empresa denunció en su día esta situación ante el juzgado, que ha estimado el recurso.