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• Se destinará a este refuerzo cerca de un millón de euros y esta misma semana se iniciará una primera contratación de trabajadores sociales y administrativos

• La alcaldesa exige al Gobierno que aclare si es necesaria o no la acreditación de vulnerabilidad y cuál es el marco de criterios para valorar y determinarla

• María José Catalá ha defendido que la ciudadanía “no debe verse perjudicada por la falta de planificación y el colapso que está provocando un Real Decreto que el Gobierno hecho a espaldas de los ayuntamientos”

• La alcaldesa ha advertido que se van a estudiar todas las vías para reclamar el millón de euros al Gobierno Central “porque si hay un principio de lealtad financiera para las autonomías, también ha de haberlo para los ayuntamientos”

• “lo fácil hubiera sido ubicar una oficina fuera, pero esa no es la vocación de este ayuntamiento. Nuestra vocación es que estas personas tienen derecho a ser atendidas con todos los técnicos de la casa, con la consultoría jurídica de los servicios sociales y también de los secretarios municipales e intentar ayudarles al máximo posible”

La alcaldesa de València, María José Catalá, ha anunciado la próxima contratación de personal (auxiliares administrativos y trabajadores sociales) para reforzar los servicios de Registro y Padrón y los Servicios Sociales Municipales “para dar respuesta a la gestión ordinaria de los vecinos y al colapso que está generando el decreto de regularización del Gobierno en los servicios municipales de los ayuntamientos de toda España”, ha subrayado Catalá.

“Nosotros vamos a hacer nuestro trabajo y vamos a reforzar los servicios implicados: vamos a proceder a la contratación a través de la bolsa de auxiliares administrativos y trabajadores sociales específicamente para este proceso porque la ciudadanía no debe verse perjudicada por la falta de planificación que está provocando un Real Decreto que se ha hecho a espaldas de los ayuntamientos”, ha asegurado la alcaldesa, quien se ha reunido esta mañana con las jefaturas y personal de los Servicios Sociales y de Registro y Padrón del Ayuntamiento, acompañada por la concejala de Recursos Humanos, Julia Climent, de Servicios Sociales, Marta Torrado, y de Transparencia y Defensa de la Ciudadanía, Juan Carlos Caballero.

El montante previsto alcanza el millón de euros, según ha señalado la alcaldesa, quien ha advertido que ese importe “lo vamos a volcar en el Gobierno de España”. “Vamos a estudiar todas las vías para reclamar al Gobierno de Pedro Sánchez este importe –ha asegurado- porque si hay un principio de lealtad financiera para las autonomías, también ha de haberlo para los ayuntamientos”. “Si por una norma suya, sobrecargan el trabajo de los ayuntamientos, deben dotarlos de los recursos necesarios”, ha continuado. “Si no, ¿cómo atendemos el día a día habitual de los valencianos que hacen un trámite de padrón normal y al mismo tiempo esta avalancha de solicitudes? ¿Cómo lo hacemos?”, se ha preguntado la primera edila.

“Trabajando a ciegas”

La alcaldesa ha criticado la gestión y desarrollo de este proceso de regularización que, ha asegurado, “se ha hecho a espaldas de los ayuntamientos cuando somos nosotros los que estamos sufriendo las consecuencias de la falta de planificación y de información del Gobierno de España”. “Es inadmisible que el Ejecutivo haya hecho este proceso sin contar con los ayuntamientos, que somos los que recibimos las colas y las personas con muchas dudas, con dificultades incluso de poder expresarse”.

En este contexto, Catalá ha criticado duramente que el viernes pasado, “pasadas las cinco de la tarde, la Secretaría de Estado de Inmigraciones envió una carta solicitando ayuda in extremis a los ayuntamientos, una vez ya iniciado el proceso”. La alcaldesa ha lamentado que no se hubiera hablado y planificado todo antes; y ha denunciado que durante la pasada reunión de la Comisión Nacional de Administración Local, que preside el ministro de Cooperación Territorial, “en ningún momento nos hablaron de esta circunstancia”. “Los ayuntamientos estamos trabajando a ciegas –ha continuado- sin información clara, y eso está perjudicando nuestro funcionamiento ordinario. Cualquier persona que viene a hacer un trámite ordinario está sufriendo colas y demoras”.

La alcaldesa ha denunciado también la confusión en torno al proceso, y se ha referido al informe emitido por el Consejo de Estado sobre el Real Decreto del Gobierno, “que advertía de que faltaba un marco claro de actuación a la situación de vulnerabilidad, y que ello tendría consecuencias tanto para las entidades, que no podrían llevar a cabo su cometido a tiempo, como para los potenciales beneficiarios que quedarían expuestos a un régimen inseguro e indefinido”, ha asegurado. “Y en esa hora estamos –ha añadido- Hay mucha inseguridad, mucha falta de información: ayer escuchábamos a entidades colaboradoras decir que no sabían si el certificado podía ser firmado de forma manual o debía ser digital. Además, el Gobierno ha volcado en los ayuntamientos unas funciones que son dudosas respecto a la competencia, y está generando mucha confusión”.

Por ello, ha anunciado que se dirigirá por carta al Gobierno para exigir aclaraciones sobre si es necesaria o no la acreditación de vulnerabilidad; si los ayuntamientos han de hacer esa acreditación; y, en ese caso, cuál es el marco de criterios para valorar y determinar dicha vulnerabilidad. “Si el Real Decreto conecta la situación de irregularidad con la situación de vulnerabilidad, y hemos oído a la ministra decir que cualquier persona irregular es vulnerable, entonces ¿por qué se exige un certificado de acreditación de vulnerabilidad?”, ha cuestionado. Además, ha añadido, la emisión de un certificado de vulnerabilidad por parte de los servicios sociales públicos “requiere un conocimiento contrastado de cada situación que queda fuera del ámbito competencial de las funciones profesionales de intervención social”. “Y esto es más complejo todavía si la persona extranjera no ha sido previamente usuaria de los servicios públicos, como es el caso de muchas de estas personas”.

Además, Catalá se ha preguntado si el Estado va a aportar recursos y financiación para poder abordar desde los servicios sociales municipales esta labor extraordinaria. “Yo espero que estas dudas se aclaren cuanto antes, por el bien de todos. Y a partir de ahí, este ayuntamiento va a colaborar, por supuesto”, ha asegurado.

En las dependencias municipales

Finalmente, la alcaldesa ha subrayado que el gobierno municipal ha tomado la decisión de “no establecer un lugar alejado, con colas y con personal fuera de la administración local o de la Casa Consistorial para hacer este procedimiento”. “No hemos derivado este problema a un lugar específico; lo hemos centralizado en la oficina de padrón de la Casa Consistorial, que es donde están los técnicos, los servicios, los secretarios y todo el personal de la casa”, ha explicado la alcaldesa, quien ha argumentado que “a lo mejor lo fácil hubiera sido ubicar una oficina en Feria València, pero esa no es la vocación de este ayuntamiento. Nuestra vocación es que estas personas tienen derecho a ser atendidas con todos los técnicos de la casa, con la consultoría jurídica de los servicios sociales y también de los secretarios municipales e intentar ayudarles al máximo posible”.