Ajuntament de València - València

• El concejal Juan Carlos Caballero critica en el Pleno la "trasposición apresurada y sin sentido de la normativa europea" y propone una regulación que vele por el bienestar animal

• El Consistorio acuerda reclamar al Ejecutivo estatal la aplicación de un IVA reducido a la atención veterinaria

El Ayuntamiento de València, en su sesión plenaria del mes de abril, ha acordado este miércoles requerir al Gobierno de España la inmediata suspensión de la aplicación y modificación del Real Decreto 666/2023 de 18 de julio que regula la distribución, prescripción, dispensación y uso de medicamentos veterinarios, con la finalidad de abordar de manera real el problema que se pretende afrontar con el Reglamento de la Unión Europea 6/2019 de 11 de diciembre de 2018. La corporación ha acordado igualmente solicitar al Gobierno que se inicie “un verdadero diálogo con los profesionales veterinarios cuya única misión y finalidad es aplicar una normativa coherente con sus fines deontológicos, que no es más que velar por el bienestar animal”.

El Pleno ha aprobado de esta manera la moción presentada por Juan Carlos Caballero, portavoz municipal y concejal responsable de la Oficina municipal de Bienestar Animal, quien ha alertado de la necesidad de “iniciar acciones reales que reduzcan las cargas burocráticas tanto para profesionales como para administraciones competentes en la materia, de modo que la regulación y el procedimiento sancionador en esta materia no se deban “a una trasposición apresurada y sin sentido de la normativa europea”. El acuerdo municipal incluye “requerir la regulación inmediata de un IVA reducido para la atención y los productos veterinarios”. El concejal ha afirmado en el hemiciclo que esta normativa “ata de pies y manos a los veterinarios y los convierte en sospechosos”.

A juicio de Caballero, “la polémica” se ha desatado con la entrada en vigor a partir del 2 de enero de 2025 del artículo 39.1 del citado Real Decreto, “al introducir de manera inmediata y obligatoria la necesidad de efectuar la notificación electrónica de prescripciones antimicrobianos por veterinarios, notificación que debe realizarse en plazos muy perentorios y con un ingente número de datos mínimos de comunicación”. "El Real Decreto, a pesar de su loable finalidad, se ha convertido en un corsé irreductible que olvida la profesionalidad de los veterinarios, pone en el punto de mira el ejercicio clínico de la profesión, encarece el tratamiento de los animales, reduce el bienestar animal y deja prácticamente fuera de tratamiento a los animales de compañía no identificados", ha explicado en su moción el responsable municipal de la Oficina de Bienestar Animal.

El Grupo Compromís, a través del concejal Giuseppe Grezzi, ha propuesto durante su intervención en el hemiciclo que se concretara “la reducción inmediata de la bajada al 8% de l’IVA”, así como la promoción de campañas informativas, en colaboración con el Colegio Oficial de Veterinaria, para la esterilización responsable de perros y gatos en la ciudad, lo que ha sido aceptado por el Pleno. Previamente, Nuria Llopis, concejala del Grupo Socialista, ha alabado la preocupación de Caballero por los animales, pero le ha reprochado que se trata de "una moción que no depende del Ayuntamiento y de lo que usted tiene cero competencias".

Antes del debate ha intervenido un veterinario clínico en el Pleno, que ha manifestado su oposición al real decreto porque —a su juicio— no se ha consensuado con el sector, tiene un impacto negativo sobre la salud animal y criminaliza injustamente a los profesionales.

Comisión especial por la dana

Por otro lado, el Pleno ha rechazado, con los votos del equipo de gobierno, la moción presentada por el grupo municipal Socialista por la que se propone la creación de una comisión especial de investigación con el fin de estudiar la gestión del Ayuntamiento de València durante la dana.

En su intervención, el portavoz Borja Sanjuán ha citado declaraciones de Esteban González Pons y a María José Catalá respecto del corte del suministro eléctrico del lunes para relacionarlas con la gestión de la tragedia y ha añadido que “seguro conocemos antes el origen del apagón que sabremos todo lo que hicieron Mazón y Catalá el día de la riada”.

Además, Sanjuán, tras relatar de manera sucinta los hechos del 29 de octubre, ha explicado que “consideran imprescindible la creación de esta comisión porque seguimos teniendo vacíos de información en los que nos sabemos lo que pasó o lo que habló Catalá con la entonces consellera de Emergencias, Salomé Pradas, y podría ser relevante para saber el grado de conocimiento de la emergencia que tenía el gobierno municipal”.

“Por ello, - ha continuado Sanjuán- nuestro objetivo es clarificar los posibles errores en la actuación municipal, su responsabilidad, así como mejorar la gestión, protocolos y actuaciones ante futuros episodios de riesgo”.

Finalmente, el portavoz socialista ha criticado que en el día de ayer miembros del PP que reunidos en València por la celebración de su Congreso Europeo “se burlaran de las víctimas de la dana y les hicieran peinetas mientras se manifestaban”.

Por su parte, la portavoz de Compromís, Papi Robles, ha equiparado la tragedia, 6 meses después con “una herida que no se cierra bien cada vez va a peor” y, en este sentido, ha criticado que la primera petición de una comisión de investigación “se censurara junto con las víctimas, profesionales que estuvieron trabajando aquel día, documentación, etcétera, para llevar a cabo otro que estaba orquestada para tapar la verdad”.

Así, Robles ha afirmado que la gestión que se realizó “fue nefasta, negligente, en la que nos encontramos mentira sobre mentira y a Catalá defiendo a Mazón y al Cecopi de la Generalitat, pero olvidando que es la alcaldesa de la ciudad de València y lo más grave es que ya oímos soluciones como Plan Sud, más cemento o Plan Horta cuando nos ayudaría más tener ciudades más caminables, con menos coches y con un gobierno que en estas situaciones prefiera aprender que mirar a otro lado”.

Personas sin hogar y familias en acogida

Durante la sesión plenaria de este miércoles, se ha rechazado también, con los votos del equipo de gobierno, la moción presentada por el PSPV-PSOE sobre la vulneración de los derechos de las personas sin hogar y las familias en acogida y en la que previamente ha intervenido el presidente del Observatorio Valenciano de las Migraciones, Francisco Mora Cartier.

Mora Cartier ha alertado al Ayuntamiento y a la alcaldesa de que los procesos de acogida de personas migrantes “separan a la parte paterna de las familias, dejándolas en la calle en soledad” y vulneran, entre otros, el artículo 12 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Asimismo, ha pedido “proteger a los menores y a las familias migrantes, dotar a la ciudad de un proyecto más justo, humano y que se pongan todos los recursos que sean necesarios”.

Según ha indicado la concejala socialista Maite Ibáñez la situación de los Servicios Sociales “es cada vez más grave desde de la llegada al gobierno municipal del Partido Popular y la atención a personas sin recursos está retratando unas políticas de total vulneración de los Derechos Humanos”. 

A este respecto, Ibáñez ha denunciado “la situación dramática, de vergüenza, indignación y tristeza y la crisis social que está generando el continuo abandono de las personas vulnerables por parte del gobierno de María José Catalá”.

Además, la concejala ha citado diversas “negligencias” como y el desmantelamiento de las plazas de acogida con el cierre del Casal d’Esplai de Rocafort o el Centro del Carmen, frente el incremento constante de las listas de espera de personas sin hogar y los cambios en los Consejos de Inmigración y Cooperación”.

Por ello, Maite Ibáñez ha solicitado “que no se separen las familias en los centros de acogida; regular un protocolo especial de actuación; aumentar el número de plazas de acogida en la ciudad; la reapertura del Casal d’Esplai de Rocafort durante este año; mantener el Centro del Carmen como centro de acogida de personas especialmente vulnerables; aumentar el personal de Servicios Sociales; dar apoyo a las entidades y ONGD que trabajan con personas en calle; dar cuenta regularmente de los proyectos y presupuestos sobre inmigración; y responder en tiempo y forma a las solicitudes de información que requiera la oposición”.

La representante de Compromís, Lucía Beamud, ha mostrado su preocupación “ante la vulneración constante de los derechos humanos y la invisibilidad de las personas sin techo” y ha criticado “las políticas crueles de la mano de Catalá junto con Vox en las que se equipara la pobreza con la criminalidad, acciones como la limpieza del Jardín del Turia o la prohibición del reparto de alimentos por ONGD como si fuera un delito”. También ha denunciado que se haya fijado “un límite de 15 días para la duración de una emergencia habitacional, cerrar recursos de acogimiento como el de Rocafort o Centro del Carmen como si sobraran y se han dejado de hacer los censos de personas sin hogar”.

Por su parte, la concejala de Servicios Sociales, Marta Torra ha alegado que la actuación municipal “prioriza la atención a las personas sin hogar, así como la unidad familiar y los menores” y ha detallado proyectos con Cruz Roja “para que el CAES esté abierto todo el año y doble su capacidad con la nave contigua” y otros convenios con diversas entidades para ampliar el número de plazas en la ciudad en 50. En este sentido, Torrado ha anunciado la contratación “de 50 plazas más en el centro de Benimàmet; la reapertura del Casal d’Esplai en condiciones de calidad y seguridad con su licencia de actividades y la ampliación del Centro del Carmen ante inclemencias meteorológicas, entre otros proyectos”. 

Proyecto de Pérez Galdós

Por otro lado, el Plenario ha aprobado, con los votos a favor del equipo de gobierno y el voto en contra de la oposición una moción para “garantizar que el proyecto urbanístico pendiente de ejecutar en la avenida de Pérez Galdós responde a los requisitos contemplados en la solicitud de ayudas europeas e implementar un plan de comunicación que refuerce los avisos a la ciudadanía sobre itinerarios alternativos que minimicen la congestión derivada de las obras en las diferentes fases”.

La moción aprobada ha sido presentada por el Partido Popular como alternativa a la presentada inicialmente por el grupo municipal de Compromís y a la que se había sumado el grupo municipal socialista con una enmienda de adición. La propuesta de Compromís solicitaba “inhabilitar el túnel de Pérez Galdós para el tráfico motorizado antes del inicio de las obras de renaturalización de la avenida”.

El Hemiciclo municipal también ha dado el visto bueno a una moción presentada por el grupo municipal popular que pedía “esperar a los pronunciamientos judiciales pendientes antes de constituir una comisión de investigación en relación a la convocatoria de la mejora de ocupación para la categoría de comisario principal de la Policía Local de València”. La moción presentada es alternativa a la registrada inicialmente por el grupo municipal de Compromís que pedía la creación de una comisión de investigación sobre este proceso.

Por último, el Plenario ha rechazado una propuesta del grupo municipal socialista que pedía solicitar un informe de la asesoría jurídica municipal sobre la adjudicación de contratos de publicidad institucional firmados por el Ayuntamiento. Igualmente, también se ha rechazado una moción de Compromís sobre el colapso de los servicios sociales municipales y la falta de personal.