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El Ayuntamiento impulsa expedientes sancionadores a las propiedades de espacios agrícolas abandonados

Alejandro Ramon ha asegurado que los campos tienen que mantenerse en condiciones óptimas y ha defendido el uso del Banco de Tierras Agrícolas como alternativa al abandono.

• Campo abandonado

23/11/2020

El Ayuntamiento de València, a través de la Concejalía de Agricultura, Huerta y Alimentación Sostenible y el Consell Agrari Municipal, ha impulsado expedientes sancionadores contra las personas propietarias de parcelas de uso agrario que no se encuentran en un estado correcto de limpieza y salubridad y que desatiendan los requerimientos previos para proceder a su acondicionamiento.

 

El concejal de Agricultura, Alimentación Sostenible y Huerta, Alejandro Ramon, ha afirmado que el objetivo de esta iniciativa es concienciar a la ciudadanía de la necesidad de mantener las parcelas agrícolas en un estado y uso adecuados, tal y como establece la normativa vigente y ha defendido el uso del Banco de Tierras Agrícolas como alternativa al abandono de los espacios agrarios. “El Banco de Tierras supone una herramienta perfecta para paliar el abandono de parcelas y los problemas que se derivan, como por ejemplo el incremento del riesgo de incendio, la proliferación de plagas y roedores así como de vertidos incontrolados, la erosión del suelo o la degradación paisajística”, ha explicado.

El edil ha incidido en la importancia de la transmisión a generaciones futuras de los conocimientos de las prácticas agrícolas y ha insistido en la necesidad “de evitar la pérdida del bagaje y la tradición culturales que supone la interrupción” de esa transmisión intergeneracional. “Por eso es importante incentivar a las personas propietarias a ponerlas en cultivo por terceras personas, con la consecuente disminución de problemas ambientales y socioeconómicos generados por los abandonos”, ha añadido.

Los importes de las sanciones a imponer, calificadas en principio como leves, pueden ascender hasta los 300 euros, que se reducirían en un 20 % si las personas propietarias infractoras reconocen su responsabilidad. El plazo de resolución y notificación de las sanciones es de tres meses.

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Alejandro Ramon